Carles Puigdemont
Foto: Reuters


El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tendrá que volver a España para acatar primero la Constitución española ante la Junta Electoral Central, con sede en el Congreso, para recibir después el acta de eurodiputado –si finalmente gana un escaño en las próximas elecciones europeas del 26 de mayo–, lo que podría implicar su detención antes de gozar de la inmunidad parlamentaria que asiste a los eurodiputados.

Así se establece en el artículo 224.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), donde se señala que “en el plazo de cinco días desde su proclamación, los candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral Central”.

En este proceso, y aunque no es necesario recoger el acta personalmente, sí obliga a cumplir en persona el trámite de acatamiento de la Constitución española, según han señalado fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press.

El acatamiento es un paso “previo y necesario” para obtener el acta, que es “indelegable” y, por tanto, debe hacerse presencialmente en Madrid, añaden las fuentes.

El proceso para ocupar un escaño en el Parlamento Europeo se produce en dos fases y se basa en lo que marca la ley electoral nacional, lo que en el caso de España implica que el acta se ha de recoger en el país, en este caso en la Junta Electoral Central.

Es la Junta Electoral quien verifica que se cumplen los requisitos y valida la lista de eurodiputados que posteriormente comunica a la Eurocámara. Después, ya en Bruselas o Estrasburgo, el eurodiputado reconocido por la Junta Electoral y por el Parlamento Europeo debe realizar otros trámites, como presentar la declaración de intereses financieros y la de incompatibilidades.

En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, Puigedmont se ha comprometido este martes a regresar a Cataluña si es elegido eurodiputado por JxCAT, porque sostiene que la inmunidad empieza cuando se ganan las elecciones.

Sin embargo, la ley especifica que si hay diputados electos que no cumplen en “un plazo de cinco días” con el trámite de acatamiento de la Constitución española, entonces la Junta Electoral Central “declarará vacantes los escaños correspondientes a los diputados del Parlamento europeo que no hubieran acatado la Constitución”.

De este modo, añade la ley, quedarían “suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo, todo ello hasta que se produzca dicho acatamiento”.

En cualquier caso, la inmunidad de los eurodiputados que ya han tomado posesión de su escaño supone que no pueden ser investigados, detenidos, ni procesados por las opiniones expresadas o los votos por ellos emitidos.

Sin embargo, esta protección no puede invocarse en caso de que un diputado haya cometido un delito o las autoridades judiciales competentes alberguen sospechas al respecto.

Si las autoridades nacionales pertinentes solicitan a la Eurocámara que levante la inmunidad a uno de sus diputados, la comisión de Asuntos Jurídicos deberá realizar un informe que se votará posteriormente en el pleno del Parlamento que debe tomar la decisión final.

La Eurocámara ha tratado en numerosas ocasiones este tipo de peticiones de autoridades nacionales y, lo habitual, es que se acepte levantar la inmunidad, como ha sido, por ejemplo el caso de la eurodiputada de extrema derecha francesa Marine Le Pen o, este mismo martes, el de su padre, el fundador del Frente Nacional francés, Jean-Marie Le Pen.

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