Expertos del servicio de impuestos y servicios legales de ‘Price Waterhouse & Cooper’ (PWC) han alertado de que “el Brexit duro es la peor opción para las empresas de Baleares”, en una conferencia en Palma sobre la situación actual de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

Así se han pronunciado en el marco de que esta tarde se lleve a cabo la votación en la Cámara de los Comunes, y, por otro lado, se voten este miércoles en el Parlamento Europeo medidas para mitigar las consecuencias negativas para los ciudadanos de esta salida.

En un comunicado emitido por el Cercle d’Economia de Mallorca, se ha detallado que la conferencia –organizada por el Cercle, PWC y la Asociación Balear de Directivo– ha tratado sobre las repercusiones legales y fiscales en las empresas de las Islas que realizan operaciones entre la Comunidad e Inglaterra, y han intervenido Ramón Mullerat, Enrique Tejedor y Jack Lenzan.

Mullerat ha explicado que el Reino Unido puede optar por establecer un acuerdo de comercio similar al de Noruega, uno de favorezca el libre comercio, un acuerdo bilateral o “la peor opción, que no haya acuerdo y que la ruptura pueda ser caótica para las empresas”.

“Es importante analizar las actividades económicas que realizamos entre Reino Unido y España y empezar a preparar una serie de contingencias que nos ayuden a amortiguar el golpe. La preparación es fundamental ante una situación muy compleja”, ha sostenido Tejedor.

Por su parte, Lenzan ha analizado el impacto que supondrá el brexit sobre la ciudadanía extranjera que se encuentra en España, sobre todo en Baleares, y ha apuntado que el Reino Unido “quiere revalorizar la calidad de los recursos humanos y quiere establecer una política muy parecida a la de Australia”.

“Es importante, por eso, que España y Reino Unido establezcan un acuerdo bilateral que no perjudique a los ciudadanos de ambos países dado su estrecha unión”, ha concluido.

En este mismo sentido, el Parlamento Europeo llevará a votación este miércoles una serie de medidas para minimizar el impacto del proceso sobre los ciudadanos y empresas de la UE, en lo que respecta al transporte, los Erasmus, la seguridad social y la pesca.

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