La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual ya puede bloquear webs que alberguen contenidos ‘piratas’ de manera reincidente sin necesidad de una segunda autorización judicial, al entrar en vigor la reforma de la Ley de Propiedad intelectual tras la publicación del Real Decreto en el BOE.

El Congreso dio vía libre a esa reforma en la que se recogen medidas contra la piratería, como el bloqueo de webs que hayan incumplido de forma reiterada la ley sin necesidad de volver a requerir autorización judicial, iniciativas para un mayor control de las entidades de gestión de derechos, o poner freno a prácticas similares a la de ‘La Rueda’.

El texto ha conseguido el consenso de todos los grupos durante toda su tramitación. De ahí que el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, destacase durante el debate en la Cámara Baja la labor de los diputados que han trabajado en este texto.

Este acuerdo generalizado entre los grupos parlamentarios ha permitido que salga adelante una norma que deja el cierre de páginas webs ‘piratas’ reincidentes en manos de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. Este órgano administrativo podrá requerir al operador un segundo bloqueo sin necesidad de volver a acudir a un juez.

También regula la negociación de tarifas entre los usuarios de la propiedad intelectual –radios y televisiones– y entidades de gestión –SGAE, AIE o AGEDI– en caso de desacuerdo entre ambas partes. Según la ley, si no existe consenso, los usuarios deberán pagar, en todo caso, el 100% de la última tarifa acordada o, a falta de un acuerdo anterior, el 50%.

Las entidades de gestión de derechos también se han visto afectadas en esta reforma al cambiar sus estatutos y sus órganos de control interno. Se determina que aquellas que recauden anualmente una de 100 millones de euros o superior deberán nombrar en su organismo de control a un número de terceros independientes igual al número de miembros de la entidad. Además, se establece que el régimen de voto no permitirá que se produzcan concentraciones mayoritarias en poder de un número reducido de miembros.

Estas entidades también protagonizan la medida que se incluye en esta ley para frenar prácticas como ‘La Rueda’, la trama integrada por varios socios de la SGAE que registraba de forma fraudulenta modificaciones de obras originales (y por tanto libres de derecho de autor) sin variación alguna de las auténticas para ser emitidas en programas nocturnos de televisión.

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