Jordi Turull
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El exconsejero catalán de Presidencia Jordi Turull ha respondido este martes a las preguntas del fiscal sobre las continuas desobediencias a las resoluciones del Tribunal Constitucional que dejaban en suspenso las leyes de desconexión y de referéndum, que lo que hizo el Govern fue un «ejercicio de ponderación» entre «lo que dicen las leyes» y su «compromiso con los ciudadanos de Cataluña».

Durante su declaración en el juicio por el proceso independentista en Cataluña, el acusado ha reiterado en numerosas ocasiones que la convocatoria de referéndums «no tiene reproche penal» y que, ante las impugnaciones del Gobierno central a determinadas leyes o las advertencias que llegaban del TC, el Ejecutivo entonces presidido por Carles Puigdemont tenía que hacer un «ejercicio de equilibrio» entre «lo que dicen las leyes» y su «compromiso con los ciudadanos de Cataluña».

De hecho, una de las palabras que más ha repetido Turull durante el interrogatorio ha sido el verbo «ponderar»: «Hicimos un ejercicio de ponderación»; «Nosotros lo ponderamos todo»; «Ya lo he dicho antes, un político tiene que ponderarlo todo», han sido las expresiones lanzadas por el acusado cuando ha tenido que explicar por qué siguieron adelante con el referéndum ilegal mientras les llegaban las notificaciones del Constitucional.

«Un político tiene que ponderarlo todo. Lo que dice la ley, pero todas las leyes; que el Govern se debe al Parlament; que está despenalizado convocar referéndums; ponderar nuestro compromiso con los ciudadanos de Cataluña… Ponderándolo todo fue la manera que fuimos actuando», ha manifestado.

Ese «compromiso» con los ciudadanos que ha alegado el exconsejero es la respuesta del Govern al «movimiento independentista» que, en su opinión, «va de abajo hacia arriba». «No se buscaba la determinación ciudadana, sino que ésta ya existía y había que darle una solución política», ha afirmado, tras lo cual ha negado que se intentara crear conflictividad en las calles, ya que «los hechos lo desmienten» porque tanto el Gobierno catalán como el Parlament buscaron «insistentemente el diálogo» con el Estado. «Como decía Antonio Machado, antes de dialogar hay que escuchar. En Cataluña la palabra resignación no existe en el diccionario político», ha subrayado.

El exconsejero ha aprovechado para denunciar que «el Estado ha incumplido 25 veces sentencias del Tribunal Constitucional» y que él, por un auto en el que se le advertía sobre la convocatoria del referéndum, lleva un año en prisión provisional.

«Esto de ponerse el traje de constitucionanlista penalmente es un chollo porque te permite incumplir los mandatos del Tribunal Constitucional cuando quieras. Yo llevo un año en la cárcel por un auto que no merece reproche penal. Después nos dirán que no nos persiguen por nuestras ideas; ya lo veo», ha censurado Turull en respuesta a preguntas del fiscal Jaime Moreno.

Turull y Moreno han protagonizado un interrogatorio muy tenso, con continuas interrupciones y respuestas en ocasiones irónicas, que ha obligado al presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, a intervenir para dirigir la declaración y solicitar al primero que deje contestar al segundo y a éste, que se limite a responder a lo que se le pregunta, sin entrar en valoraciones políticas.

El acusado, para quien el Ministerio Público pide 16 años de prisión por rebelión, ha reconocido que la única comunicación del Constitucional que recibió él personalmente fue a mediados de septiembre de 2017, unas semanas antes del 1-O, y en ella, según ha explicado, se le notificó la inconstitucionalidad de las leyes de desconexión aprobadas unos días antes por el Parlament se le advertió de una «querella preventiva por desobediencia continuada».

Turull ha protestado por ello, momento en que ha tenido que intervenir el presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, en una de las numerosas ocasiones en que ha tenido que llamar al orden al acusado por hacer «juicios de valor».

En otra parte del interrogatorio, Turull ha dicho que desconocía el documento Enfocats –como ya hicieron Oriol Junqueras y Joaquim Forn–, la supuesta hoja de ruta para lograr la independencia de Cataluña, y que tampoco sabía de la existencia de la agenda en la que Josep Maria Jové, ex número dos del vicepresidente Oriol Junqueras, hizo todo tipo de anotaciones sobre este proceso y la constitución de un futuro estado catalán.

A partir de los apuntes de Jové, el fiscal ha ido preguntando al acusado por numerosas reuniones celebradas en 2016 en el marco del Parlament, cuando era presidente del grupo de Junts pel Sí, pocos meses después de la investidura de Carles Puigdemont. Según su versión, de lo que se habló en esas citas fue de cómo continuar con la legislatura después de que la CUP votara en contra de los presupuestos.

A la pregunta de si en esas reuniones o en los encuentros del propio Govern se expresaron dudas sobre a quién obedecería la Policía, Turull ha asegurado que no y que Puigdemont «siempre decía que la Policía haría su tarea y cumpliría las resoluciones judiciales». «El president siempre ha sido muy explícito. Siempre dijo que los Mossos cumplirían con su deber», ha remarcado.

También basándose en la agenda de Jové, el fiscal ha querido saber si el expresidente catalán Artur Mas dijo en una reunión que un Gobierno español débil y antindependentista «facilitaría la movilización» y que «el conflicto sería mayor» que en la consulta del 9 de noviembre de 2014. Según Turull, eso es «imposible».

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