Un violento ataque organizado recibió a los agentes de policía en el desahucio de Can Capes
Stop Desahucios


La delegada del Gobierno en Baleares, Rosario Sánchez, ha señalado este miércoles la necesidad de “evitar llegar a situaciones” como la de la familia desahuciada en Can Capes.

“La Policía actúa como policía judicial, con una orden judicial por cumplimiento de una sentencia acompañando una comisión judicial que es quien dicta las órdenes en la actuación de la Policía”, ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación.

Sánchez ha hecho estas declaraciones después de que Stop Desahucios Mallorca difundiese el martes un comunicado denunciando que la familia desahuciada en Can Capes resistió 21 meses de “acoso inmobiliario” y criticando el acoso que sufren “miles de familias, con diversas herramientas habituales que van desde el intento de engaño hasta la estafa procesal, tratando de inducir a engaño a los jueces”.

“DENUNCIAS ENGAÑOSAS”

Según Stop Desahucios, esta familia en cuestión “ha sufrido hasta dos denuncias instrumentales y engañosas mediante el procedimiento de desahucio express de alquiler aprobado por la ministra Carmen Chacón del PSOE en 2009, que genera tanta indefensión en los inquilinos y ventajas al propietario para desahuciar sin motivo”.

Asimismo, aseguraron que esta familia “no debía ni un céntimo a la propiedad” sino que “en la cuenta del juzgado consta dinero de la familia que quedó depositado después de la primera demanda realizada por la propiedad”.

Según Stop Desahucios, la familia recibió una carta del entonces abogado de la propietaria, en la que se le solicitaba que entregasen la vivienda para el uso de un familiar directo de la propietaria. El abogado de la familia respondió que no tenían objeción en entregarla pero que revisarían que en tres meses hubiera accedido un familiar directo a la vivienda, tal y como marca la ley o de lo contrario, demandarían para volver a la vivienda.

“Esa respuesta provocó el desistimiento de la propietaria porque en realidad no pretendía lo que decía sino subir el precio del alquiler”, añadieron.

Del mismo modo, relataron que “a principios de 2018 la familia sufrió un problema puntual de liquidez, que llevó a algunos impagos, que la propiedad no tardó en demandar. La propietaria demandó “exagerando las cantidades” pero el abogado de la familia respondió a la demanda y logró contrarrestar parte de “la falsa deuda”.

Finalmente, en noviembre la familia recibió una nueva demanda en la que se les exigía el pago de la tasa de la incineradora (TRSU), por importe de 160 euros. La propietaria no presentó requerimiento de pago ni factura alguna para justificar la reclamación, “pero el juzgado admitió la demanda a trámite por error, inducido por la propietaria y su abogado”.

En ese momento, la familia contrató de nuevo a un abogado que “respondió un poco más tarde de lo que le exigían los plazos judiciales, dejando el juicio por perdido y quedando sin respuesta efectiva la estafa procesal de la propiedad”.

1 Comentario

  1. No tengo dinero para pagar la incineradora (que de todos es sabido que SIEMPRE lo deben pagar los inquilinos, asi como la tasa de basuras-Emaya)….pero si que lo tengo para contratar a un nuevo abogado: RETRATADOS !!!!!!
    Asi como la “súper trepi” Delegada del Gobierno….empujando a l@s periodistas que ya estaban entrevistando a la responsable del programa “VIO-GÉN” en torno a otra noticia del dia de hoy, para poder salir en TV y buscando plano…..MENUDA TREPA !!!!
    QUÉ NIVELAZO de politic@s que tenemos !!! PATÉTICO !!!!!!
    Qué ganas de votar ya !!!!!!

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