La Fiscalía de Ceuta solicita seis años de cárcel por un presunto delito de desórdenes públicos –o, subsidiariamente, cinco por uno de atentado– y dos más por otro de daños para cada uno de los nueve presuntos cabecillas del grupo de al menos 602 migrantes subsaharianos que el 26 de julio de 2018 consiguieron entrar en la ciudad autónoma «violentando» su doble vallado fronterizo.

El Ministerio Público ha pedido ya la apertura de juicio oral contra ellos en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz.

Además, en su calificación de los hechos, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía propone que también sean condenados por doce presuntos delitos leves de lesiones a dos meses de multa con una cuota diaria de 25 euros por cada uno de ellos y que hagan frente a idéntica cuantía durante un año y medio por el delito de daños.

Por añadidura, los acusados deberían resarcir «conjunta y solidariamente» a la Dirección General y a la Comandancia local de la Guardia Civil y al Estado por los desperfectos causados en varios vehículos y material de la Benemérita y en el perímetro fronterizo valorados en más de 13.000 euros, así como indemnizar a los doce funcionarios del Instituto Armado lesionados con 8.205 euros.

Según el relato fáctico de la acusación, «sobre las 6.30 horas» del 26 de julio de 2018, «en una actuación previamente planeada y organizada, con preparación anticipada de objetos e instrumentos peligrosos como hierros, cizallas, lanzallamas en spray, piedras y botes con cal viva y heces», se produjo la «entrada masiva» de «al menos 602 inmigrantes indocumentados procedentes de territorio marroquí por el perímetro fronterizo de Ceuta».

El grupo «estaba perfectamente organizado y coordinado bajo las órdenes de los acusados y dividido en tres subgrupos».

La entrada se produjo por el vallado fronterizo «utilizando la fuerza contra las cosas y violencia contra las personas», ya que «en primer término los acusados organizaron a las personas a las que dirigían a fin de que violentaran (con los instrumentos de que disponían, como cizallas y radiales eléctricas portátiles, facilitados por la organización) el vallado fronterizo».

A continuación, una vez que iban accediendo a territorio español y «con ánimo de atentar contra el principio de autoridad y de alterar el orden y la paz social para facilitar la entrada del resto de personas que componían los subgrupos», los acusados «dieron a estas personas las directrices de utilizar la violencia contra los agentes de la Guardia Civil que cumplían funciones de vigilancia para así evitar que impidieran la entrada del resto de compañeros, utilizando de nuevo armas e instrumentos de carácter peligroso como lanzallamas caseros, palos, piedras, heces y productos abrasivos».

La Fiscalía explica que, «pese a que los guardias portaban para protegerse escudos, gafas y máscaras anti-gas», sufrieron «lesiones de diversa entidad», sobre todo quemaduras químicas y contusiones.

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