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La actividad económica de los concesionarios de automoción de Baleares supone el 2,9% del PIB regional, según datos que ha ofrecido la patronal de los concesionarios, Faconauto, en el transcurso de su XXVIII Congreso Expo.

En concreto, las concesiones baleares facturaron el año pasado 1.082 millones de euros, de los cuales 736 correspondieron a la venta de vehículos nuevos y 196 a la de usados. Por su parte, el taller les supuso una facturación de 149 millones.

En Baleares hay 145 concesionarios, de los que 54 son oficiales (red principal), y dan empleo a 4.548 personas. De esta manera, los concesionarios conforman una red muy consolidada en toda la geografía regional, con una alta capilaridad, consiguiendo llegar a toda la demanda.

La patronal ha recordado que el sector de la distribución y reparación de vehículos se encuentra en un momento de transformación y modernización que no solo tendrá repercusión sobre la automoción, sino también sobre la economía y la sociedad en general, especialmente locales.

Esa modernización está obligando ya a los concesionarios a movilizar recursos, de tal forma que Faconauto prevé que el sector incrementará en un 8,5% sus inversiones, destinando 2.000 millones de euros en los próximos dos años, que impactarán en el desarrollo económico local, en la transformación digital, la formación y capacitación y en la descarbonización de la movilidad.

Estas inversiones podrían generar unos 21.000 puestos de trabajo en el próximo trienio. Sin embargo, han advertido que, para que los concesionarios puedan abordar esas inversiones y alcanzar sus objetivos, el sector necesita un marco de seguridad jurídica.

Al respecto, la patronal ha indicado que ya hay marcas que han iniciado de nuevo el proceso para cambiar los contratos que, entre los puntos que más preocupan a los concesionarios, incluyen la reserva de la venta online con los clientes.

“Los concesionarios están contribuyendo a la transformación del sector y en disposición de hacer inversiones que redundarán en la riqueza local. Pero sin un marco jurídico esas inversiones se pueden quedar en el aire”, ha señalado el presidente de la patronal, Gerardo Pérez.

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