Eduardo Zaplana
EP


La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifra en 10.521.351,28 euros el montante total de los presuntos sobornos investigados en la ‘Operación Erial’, la causa en la que se investiga al expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, y calcula que, de los hechos examinados, el grupo Sedesa, vinculado a la familia Cotino, habría obtenido ingresos por más de 86,5 millones de euros con ocasión de la venta de activos de las ITV y el Plan Eólico Valenciano tras su adjudicación.

Así consta en un informe de fecha 16 de mayo de 2018 de la UCO al Juzgado de Instrucción número 8 de València, que instruye una causa de la que la magistrada ha levantado parcialmente el secreto del sumario, con excepción de la parte relativa a las cuentas que atribuye en el extranjero al expresidente de la Generalitat y a dos presuntos testaferros –Joaquín Barceló, exdirectivo de Terra Mítica y ex alto cargo en la época de Zaplana, y Francisco Grau, exsecretario del consejo de administración de la CAM–.

Los tres quedaron la pasada semana en libertad después de que la magistrada bloqueara 6.330.000 euros que considera que tenían en dos cuentas en Suiza, hecho que para la instructora “minimiza” el riesgo de fuga.

En el informe de la UCO y del fiscal anticorrupción al juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, se detalla que parte de los “sobornos” por las adjudicaciones supuestamente “amañadas” del Plan Eólico Valenciano y de las ITV a Sedesa, habrían ido a parar a dos sociedades de Luxemburgo por compraventa de participaciones de sociedades españolas: 6,4 millones de euros a Imison Internacional (una offshore administrada por Beatriz García Paesa) y 2,18 a Fenix Investiments (sociedad propiedad de Juan Francisco García, ex jefe de gabinete de Zaplana y que fue presidente de la mesa de contratación de la adjudicación de las ITV).

Otra parte es el pago de servicios supuestamente prestados abonando entre 2003 y 2011 un total de 1.355.351 euros a la sociedad Dobles Figuras Consultores y 580.000 euros a Imarol SL, sociedad ligada al expresidente de la Generalitat y expresidente de Bancaja. Por este pago tanto Olivas como Vicente Cotino fueron condenados a prisión al considerarse que esa factura intentaba documentar una supuesta labor de asesoramiento en la venta por Sedesa a Endesa de su 25% en Proyectos Eólicos.

Asimismo, los investigadores han constatado que parte de ese dinero ha retornado a España de forma “oculta y velada” con la creación de un entramado societario a través de las sociedades Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales y Turnos Sylvatica.

En mayo del pasado año, se había acreditado que de los 6,4 millones de Imison Internacional, habían retornado al país 2,9 y quedaban por acreditar el destino de otros 3,5 millones. En otro informe posterior, la UCO apunta a la posibilidad de que este capital hubiera sido transferido de Luxemburgo a dos sociedades de Uruguay, relacionadas con tres supuestos testaferros. Y asimismo, se presume de la existencia de dinero en Andorra.

La magistrada, que instruye este caso a raíz de unos documentos “hoja de ruta” que se intervinieron en el marco de la operación Taula y que tenía en su poder el exgerente de Imelsa y autodenominado ‘yonki del dinero’, Marcos Benavent, investiga los delitos de cohecho continuado, prevaricación, blanqueo de capitales, organización o grupo criminal, asociación ilícita, tráfico de influencias y fraude en la contratación.

Según un auto del 18 de mayo del pasado año, seis días antes de la detención de Zaplana, el origen de los hechos investigados está en la adjudicación de los parques eólicos y de las ITV, con un trato de favor a la empresa Sedesa, de la familia Cotino –Vicente y José–, que acabó con comisiones “pactadas” de más de 10,5 millones de euros a través de Asedes Capital, Pontia Asset Management y Sedesa Inversiones, y que recayeron en las sociedades Imison Internacional, Fenix Investments (luxemburguesas) y Dobles Figuras i Marol.

En estas actividades aparecería relacionado el exvicepresidente del Consell y expresidente de Les Corts, Juan Cotino, por un correo electrónico donde se habla de la constitución de esas sociedades luxemburguesas supuestamente usadas para el pago de los sobornos.

La jueza destaca que en los documentos de esa “hoja de ruta” figuran esas dos sociedades Imison y otras como Medlevante, que fundó Joaquín Barceló, y que estaba participada por una de las anteriores, y más tarde por las mercantiles uruguayas Misnely SA y Disfey SA, cuyo nominal coincide justamente con el capital de Imison Internacional.

PAGO EN ESPECIE Y TRANSFERENCIAS

Además, era socio de Costera del Glorio, partícipe del regreso a España del dinero, y a la que se ingresó en 2007 por Urbanizadora Somosaguas más de 4,3 millones de euros, que se transfirieron a una cuenta de Barceló, que adquirió un piso en Madrid que se considera de propiedad encubierta de Zaplana.

Es desde esta sociedad –Costera del Glorio– desde la que se realizan transferencias al expresidente que, según la jueza, ha ido percibiendo dinero de las presuntas comisiones ilegales mediante el uso de facturas falsas o con cantidades –la última de 50.000 euros– o pagos en especie como coches o un yate. La jueza señala que de todo estos hechos era conocedora la secretaria de Zaplana, Mitsouko Flerida Henríquez; la mujer de Barceló, Felisa López, y la de Zaplana, Rosa Barceló.

De otro lado, apunta la relación entre otros investigados como Francisco Grau, quien constituye Turnis Syvatica que, a su vez, crea Gesdesarrollos Integrales, una de las principales sociedades usadas para el blanqueo de capital pese a no tener cifra de negocio ni trabajadores y que entre 2006-2008 recibió de Medlevante 2,2 millones de euros que se habría usado para comprar bienes inmuebles, principalmente en la Vila Joiosa.

De Grau, la jueza destaca la relación con Zaplana y Washington Fernández Belhot, considerado un presunto testaferro, que se ha comprobado que hicieron viajes juntos al extranjero.

Para la jueza, esta asociación de personas –en la que participan mujeres, presuntos testaferros o aquellos que intervienen junto con sociedades para dar “apariencia de legalidad a los fondos retornados, dando apariencia de titularidad de los bienes, encubriendo a los verdaderos propietarios”– tiene como “cabeza” a Zaplana, que se prevalió del cargo que ostentó “haciendo partícipes al resto de los investigados pues los necesitaba para que desempeñaran determinados papeles”.

CONSTITUIDAS EL MISMO DÍA

En este entramado, el fiscal, en un informe apunto como indicios “relevantes” de que las operaciones realizadas encierran “sobornos” el hecho, por ejemplo, de que Imison Internacional y Fenix se constituyeran el mismo día en Luxemburgo con los mismos administradores fiduciarios; que la compraventa de participaciones con intervención de los Cotino se realiza el mismo día o que ninguna de ellas se inscribe en el registro mercantil, tal y como se establece en la hoja de ruta.

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