La jefa del departamento Penal de la Abogacía del Estado, Rosa María Seoane (izda)
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La Abogada del Estado Rosa María Seona López ha defendido este martes, en la segunda jornada del juicio por el ‘procés’ independentista en Cataluña, su potestad para acusar en este procedimiento por el delito de sedición, aunque se personase en representación del Gobierno como perjudicada por la presunta malversación de caudales públicos por parte del Govern de Carles Puigdemont.

Así respondía directamente la jefa de lo Penal de la Abogacía del Estado a una de las cuestiones planteadas este lunes por la defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que afirmó que esta institución no tenía competencia para acusar de un delito por el que no se había personado en la causa. Se da la circunstancia que el delito de malversación sólo se le atribuye a los acusados que fueron responsables de alguna consejería, queno es el caso de Cuixart.

Seoane ha reconocido que la primera intención de la Abogacía del Estado era defender que el supuesto uso de fondos públicos por parte de la Generalitat para organizar y realizar el referéndum ilegal del 1 de octubre perjudicó al Ministerio de Hacienda, y por ello se personó en la causa casi tres meses después de que el Tribunal Supremo comenzase a investigar, tras conocer los primeros informes policiales. No obstante, ha apuntado que no hay nada que impida poder atribuir otros delitos a los acusados.

La responsable del área penal de la Abogacía del Estado ha hecho una exposición centrada en argumentos estrictamente jurídicos y ha intervenido después de que lo hayan hecho los fiscales Javier Zaragoza y Jaime Cadena para impugnar también las cuestiones previas presentadas ayer por las defensas, intentando anular el procedimiento antes de que comiencen los interrogatorios de los acusados.

RECHAZA QUE SEA UN JUICIO POLÍTICO

En este sentido, ha comenzado rechazando que la mayoría de los abogados de los doce acusados afirmasen ante el tribunal que presiden Manuel Marchena que éste es un juicio político y que se esté intentando juzgar el independentismo y “criminalizando las distintas actuaciones” relacionadas con las libertades fundamentales como el derecho a la protesta.

“Hoy nos encontramos en esta sala y ante este tribunal única y exclusivamente porque se han producido hechos que encajan en conductas delictivas”, ha añadido Rosa María Seoane, que firmó el escrito de acusación de la Abogacía del Estado.

En este sentido, ha defendido la competencia del alto tribunal para juzgar a los líderes independentistas, aun teniendo en cuenta que no existe la “doble instancia”, es decir la posibilidad de recurrir la sentencia que resulte. Ha recordado que se han dado otros casos en los que tampoco se han podido recurrir las resoluciones y, en este sentido, ha subrayado que los magistrados del Supremo son los “que mayor conocimiento tiene de todas las índoles” jurídicas.

“Es un juicio penal con todas las garantías”, ha dicho fehacientemente y ha invocado una de las expresiones de la defensas del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, sobre que este procedimiento es la representación del “derecho penal del enemigo” frente al “derecho penal democrático”. Precisamente para Seoane es al revés.

“AFÁN DE INTERNACIONALIZAR” EL PROCEDIMIENTO

Tras esto, la abogada del Estado ha rechazado que algunas defensas como la de la Forcadell insistan al tribunal en que planteen cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relacionadas con la presunción de inocencia. Para Seone, la verdadera intención de acudir a este tribunal europe es el “afán de internacionalizar el procedimiento”, pues ya el Supremo explicó que no se cumplen los requisitos para hacer una pregunta de este tipo.

Sobre la presunción de inocencia ha centrado gran parte de su exposición y ha aludido a las criticas de los acusados a las manifestaciones de la secretaria de Estado responsable de la campaña ‘España Global’, Irene Lozano, en una entrevista a la BBC sobre que el juicio del ‘procés’ es un reto “para el sistema judicial español” porque “el hecho de que haya líderes políticos que hayan cometido delitos penales que estén siendo juzgados no es algo que ocurra habitualmente”.

La abogada del Estado ha vuelto a recoger otra de las principales alegaciones de las defensas para afirmar que no se ha dado tal vulneración. Se trata del uso de la lengua materna a la hora de expresarse, pues, según ha dicho, esta afirmación no se hizo “con la propiedad y exactitud” con la que lo podría haber hecho si hubiese hablado en castellano y no en inglés.

Asimismo, ha indicado que las palabras de Lozano deben entenderse “en el sentido real” y en el contexto en las que se dijo y no con “el tenor literal”. Aún así, no se ha posicionado sobre la pertinencia de que los acusados declaren, tal y como lo han solicitado, en catalán.

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