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Reuters


España es uno de los países con mayor demanda de sexo pagado en toda Europa y a nivel mundial, aunque el Gobierno de Pedro Sánchez no aclara si perseguirá penalmente a los clientes de la prostitución. «Se escucharán todas las opciones que haya. Hay varios modelos y hay que buscar el que mejor sirva dentro del encaje legal e institucional», ha afirmado la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop, en declaraciones a los periodistas.

Llop ha participado en la inauguración de la conferencia ‘Avances y retos de futuro en la lucha contra la trata y explotación sexual de mujeres y niñas’ celebrada este lunes, 4 de febrero. Se trata de un Congreso mundial organizado en Madrid por la Coalición contra la trata de mujeres (CATW) en colaboración con la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.

Durante su intervención, Llop ha puesto de manifiesto que, de acuerdo a datos oficiales, el 80% de la trata mundial se realiza con fines de explotación sexual y, de ese porcentaje, más del 90% de las víctimas con mujeres y niñas. Además, España es el tercer país en el ranking de demanda de prostitución, según ha recalcado Llop citando datos de Naciones Unidas.

En este sentido, ha recordado que Gobierno el pasado 23 de noviembre vio un informe sobre el anteproyecto de la futura Ley de Integral contra la Trata de seres humanos, al tiempo que ha dicho que se está trabajando en dicho texto «con el fin de hacer una sistematización de toda la legislación, actualmente dispersa, en esta materia».

Según ha destacado la delegada del Gobierno, el «foco» está puesto en la protección y atención a las víctimas y también en la prevención. En esta línea, ha reivindicado medidas educativas para «desintencivar» la prostitución así como impulsar la formación especializada en perspectiva de género y derechos humanos «como elemento clave a la hora de abordar este fenómeno criminal» para los profesionales que trabajan en este ámbito.

«PENALIZAR CUALQUIER TIPO DE EXPLOTACIÓN SEXUAL»

En declaraciones a los periodistas, preguntada si el Gobierno baraja la posibilidad de sancionar al consumidor, Llop ha apuntado que «hay que penalizar cualquier tipo de explotación sexual». «Cuando las prostitución es objeto de explotación sexual hay que penalizarla», ha dicho.

En este punto, ha recordado que la Ley de Seguridad Ciudadana establece sanciones administrativas «de elevadísima cuantía» si se solicitan o disfrutan de servicios sexuales en zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores o en zonas que pueda generar un riesgo para la seguridad vial.

Respecto a la explotación sexual, ha hecho hincapié en que actualmente está penalizada en el Código Penal, pero «se están barajando» otros caminos para penalizar otras vías de explotación sexual que llevan a la prostitución», teniendo en cuenta la relación existente entre la trata, la explotación sexual y la prostitución.

Según ha afirmado durante su discurso, en el año 2017 se incoaron 122 asuntos por delitos de trata de seres humanos en España, de los que 103 fueron con fines de explotación sexual. «Son números muy escasos para la magnitud real de este fenómeno», ha afirmado.

Así, ha puesto de manifiesto que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género para este año y el que viene encargará un estudios criminal dotado con 100.000 euros para la «homogeneización» de los datos de mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación social.

Llop ha destacado el «protagonismo» que tiene la lucha contra la trata en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al tiempo que ha apuntado que en el proyecto de ley de Presupuestos Generales para 2019 remitido al Congreso está dotado con 4 millones de euros para proyectos y actividades para subvencionar entidades que atienden a víctimas de trata.

ERRADICAR EL CONSUMO

En la inauguración de la conferencia, la presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM), Susana Martínez, ha censurado la «inmovilidad» de los partidos políticos en España ante este negocio, y ha reclamado medidas «efectivas» encaminadas a la «erradicación» del consumo del sexo, entre otras cosas. A su juicio, las medidas «desintencivadoras» pueden «impedir la normalización del consumo como una forma de la relación que se quiera o acepte para futuras generaciones».

En este mismo sentido se ha pronunciado el embajador de Suecia en España, H.E. Lars-Hjalmar Wide, quien ha aseverado que la compra de sexo, «del cuerpo de otra persona», no está bien. Suecia fue el pionero en penalizar a los clientes de la prostitución en una ley aprobada en 1999, una norma que, según ha declarado, ha servido de «barrera» contra el «mercado de mujeres y niñas»

Por su parte, la directora ejecutiva de la Coalición contra la trata de mujeres (CATW), Taina Bien-Aimé, ha defendido esta ley, insistiendo en que la trata es una forma de «esclavitud moderna». Así, ha rechazado la «impunidad e indiferencia» con la que se afronta este fenómeno en otros países.

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