El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha señalado la «dificultad» de «encontrar una solución perfecta y perenne en el tiempo» en relación al control de los precios del transporte marítimo y aéreo a la Península e interislas debido a «las variables y los cambios del propio mercado».

«El mundo es cambiante y la globalización marca el día a día con cambios que se producen y que piden una atención y una adaptación a la nueva realidad. Nunca encontraremos una solución perfecta porque nos tendremos que ir adaptando a los cambios del propio mercado», ha explicado durante la Comisión de Turismo de este jueves.

Asimismo, ha recalcado el interés del Parlament y del Govern a la hora de «hacer todos los esfuerzos posibles para conseguir mejoras en la conectividad de las Islas» y ha insistido en que «en pocas legislaturas se han visto actuaciones tan claras en esta materia como en la actual».

En esta línea, ha reconocido que «queda muchísimo trabajo por hacer» ya que «aún no se han resuelto todos los problemas» pero, a su juicio, «es incuestionable que se han hecho pasos hacia delante».

En concreto, ha destacado la aprobación del 75 por ciento de descuento para residentes tanto en transporte aéreo como marítimo con origen o destino las Islas que ha permitido que muchos trayectos tengan «precios inferiores a algunos trayectos del transporte público por carretera en la Península».

A continuación, ha lamentado que este descuento «no es perfecto» puesto que se ve afectado por «el libre mercado» e impide que los ciudadanos sean los beneficiarios «exclusivos» de estas medidas. «Es el peligro de este sistema del 75 por ciento si a la larga supone la perversión y el mal uso que las compañías quieran hacer a la hora de fijar el precio», ha añadido.

Para evitar esto, ha defendido la «transparencia absoluta en la evolución de precios» por parte del Gobierno de España, que es quien tiene esta información, así como la creación del Observatorio de Precios que permite ver cómo evolucionan los precios de los billetes.

DATOS DEL GOBIERNO

Pons ha recordado los últimos datos difundidos por el Gobierno central en los que señala que entre julio de 2017 y octubre de 2018 la variación del incremento del pasaje prácticamente «no sufrió variaciones», mientras que la demanda de julio de 2017 a julio de 2018 supuso «un incremento de la demanda de un 30 por ciento».

Asimismo, ha recordado que entre julio de 2017 y octubre de 2018 se estableció «un incremento del 10 por ciento de los precios en su conjunto» que, aún así, «sigue siendo más bajo que antes aunque con un margen que no beneficia directamente al consumidor».

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto Salvador Aguilera ha criticado que pidiese la «comparecencia urgente» del conseller hace cuatro meses y que esta «no se haya convocado hasta ahora», a lo que ha añadido que «Pons no responde a las preguntas».

Núria Riera, del PP, ha apuntado que «este avance» en el control de los precios no ha sido gracias al trabajo de este Govern, sino debido a la gestión de la anterior legislatura liderada por el PP. No obstante, la ‘popular’ ha criticado que en pleno siglo XXI una familia «siga sin poder salir de Baleares por menos de 400 o 500 euros».

«ABUSO DE LAS COMPAÑÍAS»

Carlos Saura, de Podemos, ha asegurado que «es evidente» que Baleares está frente a «un abuso de las compañías aéreas» y ha lamentado que, «aunque hay beneficios en el transporte gracias al descuento del 75 por ciento», se tienen que «establecer mecanismos de control para que este descuento no suponga una bajada de precios insignificante para los ciudadanos».

Toni Reus, de MÉS per Mallorca, ha defendido la necesidad de «ir hacia un sistema de obligación de servicio público, de tarifas planas, de intervención en el mercado» y no hacia «un descuento de residente» que, según ha explicado, «es eficaz pero no tiene estas herramientas de control sobre los precios que tienen los otros sistemas».

Finalmente, Damià Borràs, del PSIB, ha celebrado, de manera irónica, que el PP haya «abrazado de repente el intervencionismo en la economía española» para «reclamar la intervención sobre los precios de la libre competencia». «Es un avance muy importante», ha concluido.

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