Familia desahuciada en Barakaldo Estamos literalmente en la calle y sin una alternativa para dormir esta noche


La plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales Berri-Otxoak de Barakaldo (Bizkaia) ha denunciado que el protocolo antidesahucios acordado en 2013 por el Gobierno Vasco, Eudel y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras el suicidio de la vecina del municipio Amaia Egaña, es “papel mojado”, como “evidencia” el desahucio esta mañana de una mujer de 59 años de edad y su hijo de 32, que se han quedado “en la calle” y “sin una alternativa para dormir esta noche” por parte de las instituciones públicas.

A las 9.15 horas de este martes una comitiva judicial, con presencia de la Ertzaintza, ha acudido a la vivienda de esta familia, ubicada en el barrio de Arteagabeitia, donde una treintena de personas se ha concentrado para protestar por este nuevo desahucio en la localidad fabril, que es consecuencia, según Berri-Otxoak, de “la inacción el Ayuntamiento de Barakaldo y la Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco”.

Los objetos personales de la mujer y su hijo han quedado sobre la acera y la familia desahuciada se encuentra “sin ningún tipo de solución ni alternativa habitacional”. Se trata de una familia de dos miembros en paro, que desde hace unos meses se han dirigido a los servicios sociales “sin obtener ninguna respuesta a su situación de vulnerabilidad económica”, han indicado desde Berri-Otxoak.

“Estamos literalmente en la calle”, ha señalado el joven desalojado, que ha indicado que su familia no puede acogerlos y que ha sido en estos meses imposible encontrar un piso de alquiler, que además “cuestan por encima de 650 euros mensuales”, cuando esta familia únicamente ingresa en la actualidad las ayudas sociales conocidas como Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

La plataforma ha explicado que la familia desahuciada ha solicitado una reunión con la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, pero, “a día de hoy siguen esperando una respuesta”, lo que, a su entender, “demuestra su falta de sensibilidad a las necesidades de las familias que peor lo están pasando en la localidad”.

“EVIDENTE PROBLEMAS ECONÓMICOS”

El portavoz de Berri-Otxoak, David González, ha indicado que esta familia “ha sido desahuciada de su casa por evidentes problemas económicos” y ha asegurado que los Servicios Sociales de Barakaldo “conocen esta situación de vulnerabilidad de estas personas desde marzo de 2017”, pero “han emitido ahora, exclusivamente cuando ha habido una movilización social para denunciar los hechos, un informe donde constata que este desahucio es por motivos económicos”.

“Es en este momento cuando se ha puesto en marcha el protocolo para parar el desahucio, cuando estas personas han seguido los trámites que se supone que marca el protolo y las instituciones que se supone que tienen que protegernos, y que, sin embargo, no ha hecho nada”, ha criticado.

González ha insistido en que “el protocolo no sirve”, ya que el Juzgado “solo ha parado durante un mes este desahucio, pero cuando se ha recurrido de nuevo al Juzgado con los informe de los Servicios Sociales indicando que se está tramitando por la vía de urgencia un alquiler social al que tienen derecho, no ha hecho nada para parar el desahucio”.

Así mismo, ha denunciado que el Ayuntamiento de Barakaldo, “a pesar de que sabe que estas personas no tienen ningun sitio donde ir, lo único que ha hecho es darles un listado de pensiones”, y el Gobierno Vasco “no está tramitando de forma urgente un piso de alquiler social al que tienen derecho”, cuya adjudicación puede tardar tres meses, “durante los cuales esta familia se ve en la calle y sin alternativa”.

Desde Berri-Otxoak ha denunciado que “tanto el Consistorio como el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide han incumplido el derecho de todas las personas a una vivienda digna y no han acatado el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que exige, frente al desahucio de familias sin recursos económicos suficientes, una alternativa habitacional”.

En este sentido, han recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo “exige paralizar todo desahucio, hasta procurar desde las diferentes administraciones una alternativa habitacional a las familias afectadas”.

Sin embargo, Berri-Otxoak ha insistido en que el desalojo de esta mañana “deja en evidencia el acuerdo anti-desahucios aprobado en 2013 por el Gobierno Vasco, Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, tras el suicidio de la vecina de la localidad Amaia Egaña, en el que se establece que se deben solicitar informes a los servicios sociales de base cuando hay familias vulnerables afectadas por un desahucio”.

Así mismo, ha recordado que en febrero de 2017 “el propio Gobierno Vasco garantizaba el facilitar, a través del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, sus recursos en servicios sociales y programas de asistencia social, así como la adjudicación directa de viviendas de protección oficial”.

Además, ha indicado que “la totalidad de consistorios de la Comunidad Autónoma Vasca, a través de Eudel, se comprometían a dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente ante una situación de desahucio”, pero, “a día de hoy, este protocolo de actuación auténtico papel mojado”.

Por todo ello, el portavoz de Berri-Otxoak, David González, ha responsabilizado de este caso al Gobierno Vasco, “por no dar una solución”; al Consistorio, “por no intervenir de manera inmediata ante un caso urgente”; y al poder judicial, “por no aplazar el desalojo” hasta que Ejecutivo vasco y Ayuntamiento dieran una “solución habitacional” a la familia afectada.

Desde Berri-Otxoak ha recordado que “cuatro familias de Barakaldo son desahuciadas cada semana, especialmente por impagos de alquiler, que son ya el 82% del total”.

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