Greenpeace ha denunciado este jueves que al menos 80 municipios de “todas” las provincias costeras españolas siguen vertiendo aguas residuales a pesar de que se ha cumplido el primer plazo de la multa de 12 millones impuesta hace seis meses por la Unión Europea a España por incumplir la normativa de depurar aguas residuales.

“Los municipios sancionados aún no se han puesto al día”, asegura la ONG que señala que España seguirá pagando “multas millonarias” hasa 2022.

La ONG ha contabilizado al menos 90 impactos por vertidos de aguas residuales en 80 municipios (el 20% del total) de las 23 provincias costeras y lamenta que estos vertidos son “generalizados” en todo el litoral español.

Además, recuerda que suponen un riesgo para la salud de la población y de los ecosistemas ya que la ausencia de depuradoras, la sobrepoblación en verano, las fugas en los sistemas de conducción de aguas fecales o los vertidos no autorizados están detrás de la deficiente depuración de las aguas residuales.

La UE ha sancionado a España por nueve localidades: Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Nerja y Barbate -en Andalucía-, Gijón Este -en Asturias- y Valle de Güímar -en Canarias-. El Ministerio para la Transición Ecológica ha reconocido que, aproximadamente, una cuarta parte de los municipios de 2.000 habitantes no cumplen la normativa europea.

La responsable de la campaña de costas de Greenpeace, Paloma Nuche, ha destacado que tanto por motivos de salud pública como de protección del medio ambiente, la calidad del agua debería ser el objetivo fundamental de su gestión. “España está aún lejos de conseguirlo. De hecho, en muchos casos se ha revelado la pasividad de las administraciones responsables durante años, como ha ocurrido con los vertidos del Valle del Güímar, en Tenerife, o los de Mallorca“, ha apostillado.

El último Informe de Vertidos Autorizados del Ministerio, de 2017, contabiliza un total de 1.030 puntos de vertidos autorizados desde la tierra al mar en toda la costa española, que suponen más de 17.000 millones de metros cúbicos al año (el equivalente a 6.800 piscinas olímpicas). Sin embargo, el número de vertidos no autorizados puede representar un elevado porcentaje respecto al total, como ocurre en Canarias, donde, de los 393 puntos de vertidos desde la tierra al mar, 277 no están autorizados, casi un 70 por ciento del total.

En concreto, la ONG destaca que entre los vertidos de aguas residuales urbanas contabilizados por Greenpeace destaca los casos de las provincias de Baleares, Huelva y Pontevedra y exige a las administraciones responsables que tomen decisiones ambiciosas y efectivas.

“Es necesario un riguroso cumplimiento de la normativa europea y unos sistemas de gestión de vertidos centrados en acabar con la contaminación del medio marino. Para ello, es imprescindible una mayor inversión en infraestructura que asegure una depuración efectiva y una ordenación del litoral que controle la masificación urbanística y ponga límite a nuevas fuentes de vertidos al mar”, ha concluido.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.