Foto: Reuters


El juez Abelardo Ibarra y la fiscal Erika Granados, que formaban parte del tribunal encargado del asesinato de la valenciana Pilar Garrido, han fallecido tiroteados la madrugada de este martes en el estado mexicano de Tamaulipas.

Ambos murieron por impactos de bala sobre las 21.30 horas en Franccionamiento Haciendas del Santuario, al sur de Ciudad Victoria, capital de este estado, según han informado a Europa Press fuentes de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJT).

Las víctimas son el juez de control Abelardo Ibarra Torres y la fiscal Erika Dolores Granados Flores, ambos integrantes del tribunal encargado del caso de Pilar Garrido, asesinada el verano pasado en México.

Los cuerpos sin vida fueron localizados en el interior de un vehículo que era conducido por el juez de control y en el lugar se encontraron hasta 12 casquillos de bala. Las primeras investigaciones apuntan a que fue usada una sola arma de calibre 9 milímetros, según ha informado a Europa Press el portavoz de Seguridad del estado de Tamaulipas.

El homicidio del juez y la fiscal ha obligado a retrasar hasta enero el juicio contra Jorge Fernández González, el marido de la española Pilar Garrido Santamans y principal acusado del asesinato. Desde la Procaduría General de Justicia de Tamaulipas han precisado que, aunque ambos formaban parte del caso de la valenciana, se está analizando “todos los entornos, circunstancias y asuntos” en los que ambos funcionarios judiciales trabajan.

En este sentido, han recordado que, por su especialidad en materia penal, estaban implicados en otros casos relacionados con la delincuencia en general y algunos en los que había objetivos ligados a la delincuencia organizada. Se ha ofrecido una recompensa de un millón y medio de pesos (más de 65.700 euros) para las personas que aporten información sobre este caso.

Pilar Garrido, de Massalavés (Valencia) fue secuestrada en Tamaulipas el 2 de julio del año pasado cuando viajaba junto a su marido y en compañía de su hijo, de corta edad.

Semanas después, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de este estado mexicano confirmó que los restos óseos localizados el 26 de julio en un paraje cercano correspondían a la desaparecida. La familia solicitó una segunda prueba de ADN en España y se confirmó.

Durante la investigación, la Policía mexicana trató de corroborar el testimonio facilitado por el marido, que fue interrogado en calidad de testigo cuando presentó la denuncia. A finales de agosto, el marido fue arrestado en Tamaulipas como principal sospechoso del asesinato de su mujer, según informó el jefe Procuraduría y confirmó la Policía Nacional de España.

Tras su ingreso en prisión provisional, la familia aseguró que las pruebas contra Jorge Fernández no eran “concluyentes” y la madre se desplazó hasta Tamaulipas para traer al niño. La hermana relató en una rueda de prensa que las autoridades mexicanas no les dieron “las suficientes pruebas que demuestren al 100 por cien que el culpable es Jorge” y agradeció a la Generalitat Valenciana que costeara la repatriación del cuerpo de Pilar.

La Fiscalía aseguró, no obstante, que contaba con las pruebas suficientes para acusar formalmente al marido de Pilar. “Es importante recordar que la Fiscalía ha pasado sus investigaciones mediante todos los métodos científicos y tecnológicos para sustentar su caso”, indicó en un comunicado.

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