Tanto el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) como la Associació de Periodistes de Balears (APIB) han condenado el registro policial ordenado por el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma contra los periodistas de Europa Press Baleares y Diario de Mallorca. Según consideran, “es el mayor atentado contra la libertad de prensa de la historia democrática de Baleares”.

La Policía Nacional ha requisado móviles personales, ordenadores, ‘pendrive’ y documentación en papel para averiguar una fuente de información del Caso Cursach, “vulnerando así el secreto profesional de los periodistas”, han censurado.

Además, han criticado que la autoridad judicial y policial “ni siquiera” ha permitido a la periodista de Europa Press “consultar con su abogado en el registro”.

Asimismo, han mostrado su apoyo a los periodistas del Diario de Mallorca en su rechazo a entregar los ordenadores de manera voluntaria.

La asociación y el sindicato han recordado que el secreto profesional está amparado en el artículo 20 de la Constitución Española porque es imprescindible proteger la identidad de la fuente en el ejercicio de la profesión periodística.

La recomendación de los códigos deontológicos es sólo revelar la fuente cuando esta mienta o haya un peligro inminente para las personas. Si se vulnera el secreto profesional se elimina una de las vías más importantes de acceso a la información.

Por ello, denuncian que “es el mayor atentado contra la Libertad de Prensa de la historia democrática de Baleares”. Por esto, ha hecho un llamamiento “a las instituciones y a la sociedad civil balear a defender el derecho al ejercicio del periodismo, pilar básico de la democracia”.

Según el SPIB, se trata de un “ataque aberrante a la libertad de expresión y al secreto profesional” el hecho de que la Policía Nacional haya requisado material de trabajo a dos periodistas de Baleares por publicar un informe relacionado con una investigación judicial.

Así, en su cuenta de Twitter oficial han dicho: “No se puede criminalizar a los periodistas por hacer su trabajo” exigiendo que “se garantice el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes como pilar básico de la libertad de prensa”.

RECHAZO TAJANTE DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERIODISTAS DE ESPAÑA

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha rechazado “tajantemente” la incautación de documentación y equipos corporativos y personales efectuada este martes 11 de diciembre por agentes de la Policía Nacional en la delegación balear de la agencia de noticias Europa Press, con el objetivo de determinar el origen de una filtración periodística.

Tres agentes y una secretaria judicial han entregado en la redacción la orden de registro y han exigido a la periodista que cubre la información relacionada con el caso Cursach que facilitase cualquier documentación sobre la macrocausa de la Policía Local.
Amparándose en el mandato judicial, los agentes se han llevado su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel.

La FAPE considera que esta incautación “vulnera el derecho de los periodistas al secreto profesional, en el que se basa la protección de sus fuentes, y que incluye los documentos y los equipos con los que trabaja el reportero”.

En este sentido, la FAPE ha defendido que “en los casos de filtraciones, la jurisprudencia exime de este delito a los periodistas y lo atribuye en su caso a los funcionarios que hayan facilitado la información”.

“El secreto profesional es un derecho de los periodistas y tiene una doble finalidad: de un lado, ampara al periodista de los requerimientos de terceros (la Administración o los tribunales) para que revele sus fuentes; de otro, ampara también a la fuente que le ha suministrado la información”, ha manifestado.

Según ha añadido la Federación que preside Nemesio Rodríguez, “la periodista de Europa Press no está obligada a revelar quienes le facilitaron la información y mucho menos a entregar los documentos y los equipos con lo que desarrolla su trabajo”.

“La jurisprudencia sostiene que la libertad de información legitima la actuación de los medios y de sus periodistas, al tiempo que hace prevalecer el derecho a las libertades de expresión y de información sobre otros derechos cuando la noticia cuestionada es veraz, se refiere a asuntos de interés general o de relevancia pública y está debidamente contrastada”, ha recordado.

Por todo ello, la FAPE ha exigido la devolución del material incautado y “la aclaración de los hechos, sobre todo cuando Europa Press no está sometida a investigación alguna en este caso”.

Finalmente, la Federación ha defendido que respalda “todas las actuaciones en defensa de la periodista y de su medio que realice su federada en Baleares, la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares”.

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