caso Bankia


La fiscal anticorrupción Carmen Laúna considera que no cabe aplicar la ‘doctrina Botín’ en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, por lo que ha defendido que las acusaciones populares y particulares pueden continuar en el proceso.

Así lo ha señalado este miércoles en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, en la que ha respondido a las cuestiones previas planteadas por las partes acusadas, que consideraban que no existía acusación legitimada para solicitar la apertura del juicio oral, al entender que el único perjudicado fue el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), propietario del 61% de Bankia.

La ‘doctrina Botín’ de 2007 establece que, si el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares solicitan sobreseimiento, se archivará la causa. Se da la circunstancia de que la Fiscalía no acusa a los 34 imputados, sino solo a cuatro: el expresidente y el exvicepresidente de Bankia, Rodrigo Rato y José Luis Olivas, respectivamente, y los exconsejeros José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú Pons.

La Fiscalía ha señalado que no puede identificarse un perjudicado específico en el delito y que, de haberlo, no sería con carácter exclusivo, ya que la supuesta falsedad contable puso en cuestión a todo el sistema financiero español, provocando el mayor rescate de la Historia de España, que ascendió a 23.465 millones, además de lastrar la cotización del Ibex 35 y disparar la prima de riesgo.

Por ello, la fiscal entiende que la afectación colectiva de los hechos objeto de enjuiciamiento “es más que relevante” y que los accionistas personados en la reclamación de perjuicios derivados de la salida a Bolsa de Bankia están legitimados para continuar en el proceso, con lo que no cabría aplicar la ‘doctrina Botín’.

Respecto a la petición de Bankia de eliminar del proceso a algunos particulares que supuestamente no estarían legitimados para participar en el proceso al no cumplir las condiciones necesarias para ello (el banco solo reconoce la legitimidad de 205, frente a los alrededor de 11.000 demandantes), la Fiscalía ha señalado que la impugnación de estas acusaciones debería haberse hecho cuando se personaron.

“Bankia y BFA estuvieron ahí, lo pudieron hacer”, ha indicado Laúna, quien ha advertido, no obstante, que estas personas deberán probar los perjuicios sufridos a lo largo del juicio oral.

Otra de las cuestiones previas planteadas por algunas defensas a las que se ha referido la Fiscalía es a la petición de ampliar el plazo para aportar nuevas pruebas periciales, a lo que se ha opuesto al estimar que “no aportarían nada al esclarecimiento de los hechos”, por lo que ha solicitado que no se admitan nuevos plazos ni nuevas periciales.

Asimismo, ha señalado que no cabe alegación al principio de igualdad por parte de algunos acusados, como Estanislao Rodríguez Ponga, Francisco Baquero y Jesús Pedroche, quienes alegaban haberse incorporado a la entidad al mismo tiempo que otros consejeros contra los que se inadmitió la querella.

En este sentido, ha argumentado que a estas personas no se les imputa por la salida a Bolsa, sino por su participación en falsedades contables acaecidas en marzo de 2012, cuando ya llevaban seis meses de actuación en el consejo de administración.

ALGUNOS PARTICULARES SE RETIRAN

Por su parte, parte de las defensas de los particulares se han limitado a adherirse a las consideraciones de la Fiscalía, haciendo hincapié en su legitimación como acusaciones.

Asimismo, algunos abogados de minoristas personados han comunicado que han solicitado acogerse a la oferta de la entidad de devolver a todos los afectados que lo soliciten la inversión más un interés del 1% anual, por lo que, una vez se perciba el dinero, procederán a desistir de las acciones civiles y penales que les competen.

Es el caso de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), que se ha mostrado a favor de que aquellas personas a las que representa y que ya han recibido la devolución de su dinero abandonen el proceso.

De su lado, la Asociación de Usuarios, Cajas, Bancos y Seguros (Adicae) también ha defendido su legitimidad y ha reprochado los “ataques injustificados” que ha sufrido al ser señalada de incongruencia y de no concretar a quién representa, ya que ha asegurado que ha aportado nombres y DNIs de los particulares a los que representa (un total de 1.390 afectados).

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