El abogado Pablo Jiménez de Parga, que ejerce la defensa del expresidente de la Junta Manuel Chaves en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos autonómicos por el procedimiento específico de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha alegado este lunes que es «imposible» que el que fuera líder del Ejecutivo andaluz hasta 2009 conociera las irregularidades en las gestión de estas ayudas, así como que no pudo detectar «las alarmas que hicieran saltar las luces rojas».

Con la evacuación del trámite de informe final del abogado de Chaves, que se enfrenta a diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, ha comenzado el turno de las defensas. Así, Jiménez de Parga, que ha empezado su intervención agradeciendo a la Sala y a los funcionarios su labor para el buen desarrollo del juicio, ha asegurado que de la prueba practicada y de la pericial ratificada es «imposible» pretender que Chaves tuviera conocimiento de las irregularidades en la gestión de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con el programa presupuestario del 31L.

Sobre todo en base a la afirmación del Ministerio Fiscal de que el expresidente tuvo conocimiento de estas irregularidades por las memorias que realizaba el interventor general de la Junta para los acuerdos anuales de Control Financiero Permanente, en relación a los años 2005, 2006 y 2007, y en las que, según la Fiscalía, se recogían irregularidades y problemas del uso de las transferencias de financiación para pagar subvenciones, precisando el letrado que a la sesión del Consejo de Gobierno que aprobó este último no asistió Chaves.

A este respecto, el abogado defensor dijo en su declaración ante el tribunal que preside el magistrado Juan Antonio Calle Peña que «nadie le advirtió de las irregularidades y que el interventor general tampoco consideró oportuno realizar un informe de actuación».

El Consejo de Gobierno «aprobó» de forma «íntegra y sin modificar nada» las propuestas planteadas por la Intervención General de la Junta para los planes de Control Financiero Permanente de estos años, «sólo faltaba poner la firma y la fecha». «El Consejo de Gobierno actuó como debía, con diligencia y adoptando las propuestas de la Intervención General», ha añadido.

Chaves, según el abogado, declaró que «no había leído las memorias», añadiendo que «leídas hoy creo que no me hubiese permitido detectar señales de alarma». «Pretender que el presidente, antes de aprobar el plan anual de Control Financiero Permanente, estudie la propuesta de la Intervención General, se opone a las reglas de lo lógico y linda con lo absurdo». Además, ha añadido que dicha lectura «no permite detectar las alarmas que hicieran saltar las luces rojas».

En este sentido y en referencia al acuerdo de 2007, a cuya sesión del Consejo de Gobierno que lo aprobó no asistió Chaves, el abogado ha dicho: «Si no se le puede pedir que se los lea antes, pensar que lo va a hacer después de ser aprobados es esperpéntico».

De la decisión del interventor general de no realizar informe de actuación ante las irregularidades en las ayudas de los ERE, ha señalado que «al no hacerlo no usó el mecanismo legalmente establecido para hacer llegar las irregularidades al Consejo de Gobierno, por tanto, nada hay en la causa sobre que el expresidente tuvo conocimiento de las advertencias de la Intervención General de la Junta».

«POCO TIENE» LA FISCALÍA PARA INCRIMINAR A CHAVES

Con respecto a las intervenciones de Chaves en la tramitación de las ayudas que expuso el Ministerio Fiscal en su informe final, sobre todo con respecto a las ayudas de Bilore, A Novo o Faja Pirítica, el abogado ha reprochado que «si todos lo indicios que ha encontrado el Ministerio Público tras bucear en decenas y decenas de expedientes sólo son faxes y cartas –a las que aludió la Fiscalía de trabajadores y comités de empresas–, me temo que poco tiene para incriminar a Chaves sobres el conocimiento de la gestión de las ayudas».

Una de esas cartas fue la entregada a Chaves por los trabajadores de Bilore en una visita a Osuna (Sevilla) en la que pedían una solución a su situación laboral tras el cierre de la empresa a finales de 2003.

Sobre el uso de las transferencias de financiación para allegar fondos del 31L desde la Dirección General de Trabajo al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), ha defendido que las leyes de presupuestos de la Junta contemplaban el uso de estas transferencias para el pago de las subvenciones sociolaborales, frente a las tesis de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), asumidas por la Fiscalía, de que el artículo 18 de la Ley 15/2001 (Ley de acompañamiento del Presupuesto de 2002, recoge que «sólo y exclusivamente» se pueden usar para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa pública

Ante esta «antinomia, dos normas de carácter contradictorio», según el abogado y acudiendo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el principio de especialidad supone que el precepto específico prevalece sobre el precepto general.

La defensa de Chaves se ha adherido a la impugnación de la prueba pericial practicada planteada por el abogado del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías por tratarse de una prueba judicial, criticando que fue realizada «no por «maestros del derecho», sino por «licenciados en Ciencias Químicas y Ciencias Económicas», en alusión a los peritos de la IGAE, quienes que fueron «designados a dedo» por el interventor general del Estado nombrado por el Consejo de Ministro de Mariano Rajoy a propuesta del ministro Cristóbal Montoro, no de forma «insaculada» como defiende la acusación de Manos Limpias.

Jiménez de Parga ha abordado la modificación presupuestaria aprobada el 18 de abril de 2000 que recogía una transferencia de financiación a IFA/IDEA para pagar las subvenciones y que, según las acusaciones, fue el inicio del sistema de concesión de las ayudas de los ERE para «soslayar el reparo de la intervención delegada en Empleo a las ayudas de Hamsa».

La modificación es de 18 de abril y el informe de fiscalización del interventor delegado del 19 de junio, por lo que es «fácil» concluir que el Consejo de Gobierno «no pudo reaccionar frente al informe».

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS

La Fiscalía y el PP-A considera «supuestamente prevaricadoras» las resoluciones administrativas correspondientes a los acuerdos del Consejo de Gobierno que aprueban el anteproyecto de ley de los presupuestos y las modificaciones presupuestarias, en las que participó Chaves como presidente. Atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no son resoluciones administrativas.

La decisión por la que se aprueba el anteproyecto de ley «no es un asunto administrativo, sino un acto de gobierno que se integra en la actividad legislativa».

Tampoco se puede hablar de arbitrariedad de las resoluciones, pues contaban con todos los trámites e informes preceptivos y fueron comunicadas al Parlamento y recogidas en la cuenta general sin tachas. Para comprobar el delito de prevaricación habría que probar que esas resoluciones se aprobaron a sabiendas de la injusticia de la misma.

«La Fiscalía, en su informe final, reconoció que en el procedimiento judicial no hay el más mínimo indicio de que Chaves tuviera conocimiento del menoscabo de fondos públicos, por lo que no le acusó de malversación», ha expuesto su abogado.

La acusación de prevaricación por omisión es «imposible e incompatible» con la aprobación del Consejo de Gobierno de los planes anuales de Control Financiero Permanente. «Se actuó cuando se tuvo ocasión de actuar».

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