Álvaro Gijón,


La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado la resolución de realizar una pieza separada por presuntos delitos de cohecho continuado, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, entre otros supuestos delitos, dentro del caso de la Policía Local de Palma en el que se investiga al exdiputado del PP y regidor del Ayuntamiento Álvaro Gijón.

De esta manera, la Sección Primera de la Audiencia ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Gijón, ahora en el grupo mixto del Parlament, contra la resolución del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma. La resolución es firme y contra ella no cabe recurso.

En concreto, se investiga si Gijón recibió favores y regalos por parte del empresario Miguel Pascual (ex socio de Pabisa) a cambio de beneficiar a sus empresas. Entre otros, en la causa también está investigado el expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez.

Cabe recordar que Gijón negó conocer a Pascual y también al empresario Bartolomé Cursach. “No les he visto en mi vida, no hemos compartido absolutamente nada juntos, no hemos hablado nunca y, por tanto, no he estado nunca en ninguna finca ni en ninguna fiesta”, aseguró a los medios de comunicación en junio de 2017. “Jamás en mi vida he consumido servicios de prostitución, ni he consumido ningún tipo de droga”, dijo también.

La Audiencia considera que los hechos a investigar en esta pieza son distintos a los de la causa principal y fundamenta su separación en evitar un perjuicio para víctimas e investigados ya que si se continuase en una sola pieza, se dilataría “el avance de la investigación” y les obligaría a estar pendientes de diligencias que no tendrían “nada” que ver con ellos.

En este sentido, el escrito abunda en que, tal como dice la defensa del diputado, “existiendo dos tramas, es factible que si no versan sobre el mismo objeto”, aunque los participantes sean los mismos investigados, unos “hechos pudieran quedar acreditados en un procedimiento mientras que los otros no lo fueran” por lo que “la posibilidad de pronunciamientos contradictorios quedaría excluida”.

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