El Defensor del Pueblo investigará la actuación de la Junta de Extremadura para saber si ha actuado tras despeñarse una docena de perros en una cacería en Herreruela (Cáceres) ante una posible negligencia de los cazadores.

Así, la Institución ha iniciado una actuación de oficio en la que se ha dirigido a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de Extremadura para que de cuenta de si tiene conocimiento de los hechos y, en ese caso, ha realizado algún tipo de actuación.

Para el Defensor, el despeñamiento de los perros podría infringir lo dispuesto en la Ley 14/2010 de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura, que establece que el ejercicio de la caza debe realizarse en unas condiciones que garanticen la seguridad de las personas así como de los animales que se utilicen en esta actividad.

En este contexto, señala que cada año recibe numerosas quejas relacionadas con el bienestar animal, ya que la preocupación ciudadana por el bienestar y cuidado de los animales, tanto domésticos como silvestres, es cada vez mayor.

Precisamente, añade que el hecho se constata en las quejas que presentan a la institución las asociaciones ecologistas que denuncian ante el Defensor del Pueblo diversos daños a la biodiversidad existente.

En concreto, pone de ejemplo las actuaciones del Defensor sobre el régimen jurídico de las especies exóticas invasoras, o sobre el uso del diclofenaco, un medicamenteo veterinario para ganadería que provoca una gran mortalidad, especialmente a las colonias de buitres, una especie objeto de especial protección en España.

En este contexto, el Defensor se refiere también a otras actuaciones que se deben a que el hecho de que la asociaciones ecologistas sigan sin estar reconocidas como interesadas por la Administración en procedimientos sancionadores, algo que les impide participar plenamente en el procedimiento.

Por último, reclama que estas asociaciones tengan la condición de interesado cualificado porque se constituyen precisamente, con la finalidad de proteger a los animales y, por tanto, el Defensor las considera “titulares de un interés legítimo”.

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