La Fiscalía Anticorrupción, en su informe final del juicio contra 21 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por el procedimiento específico de concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha concluido que estos fondos permitieron “un enriquecimiento de empresas y terceros”.

Así lo ha puesto de manifiesto en la sesión de este lunes de la vista oral que se celebra en la Audiencia Provincial de Sevilla, cuando el fiscal Manuel Fernández ha desglosado los hechos investigados que son constitutivos de un delito continuado de prevaricación, por el que están acusados todos los enjuiciados, en relación de concurso medial con un delito continuado de malversación, por el que se juzga a 15 de los acusados, entre ellos el expresidente José Antonio Griñán.

Sobre el delito de prevaricación y haciendo continuas referencias a la jurisprudencia, el Ministerio Público ha expuesto que no existe “ninguna duda” del carácter de autoridad de los acusados y de la existencia de “un sistema injusto y arbitrario” de concesión de ayudas.

Igualmente, ha explicado que el Consejo de Gobierno es el órgano superior colegiado y ostenta funciones ejecutivas, correspondiéndole la elaboración de los presupuestos. “La elaboración del presupuesto no es un mero trámite ni un acto político, sino una actuación necesaria para su aprobación por el Parlamento”, ha precisado.

A este respecto, ha considerado que “la decisión de consignar un crédito o fijar una cuantía para un programa es una decisión política que se somete a la Cámara autonómica, algo que no es objeto de esta causa”. Pero, según ha aclarado, “no es una decisión política que la Ley de Presupuestos estableciera –con el uso de las transferencias de financiación– la concesión ayudas sin sujeción a un procedimiento, sin control, sin justificación de los fondos o justificación de los requisitos de los beneficiarios”.

“Ha quedado plenamente acreditado el desconocimiento del Parlamento del sistema. Pues se busco deliberadamente por los encausados un sistema específico que permitiera el uso de los fondos sin control”, ha asegurado la Fiscalía, que ha precisado que el proceder de los encausados “usando las transferencias de financiación en lugar de un expediente de gasto de subvenciones excepcionales contraviene el texto articulado de los presupuestos”.

“ACTUARON A SABIENDAS DE SU INJUSTICIA”

Otro de los elementos que constituyen el delito de prevaricación es el resultado injusto. Las actuaciones de los encausados “permitieron que un mínimo de trabajadores afectados por crisis empresariales pudieran acceder a las ayudas o que los que lo hicieron recibieran cantidades por encima de lo habitual, dejando menos remanente para otros colectivos”.

También está “acreditado” que actuaron “a sabiendas de su injusticia”, así como la prevaricación por omisión, ante la “inactividad” de los acusados para cambiar la forma de proceder.

“La continuidad delictiva queda probada por el mecanismo usado desde el año 2000 hasta el 2009”, ha añadido.

Con respecto al delito de malversación, ha asegurado que los hechos al respecto están “plenamente acreditados”.

Sobre el informe adicional de Control Financiero Permanente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), correspondiente al ejercicio 2003 y puesto en conocimiento en 2005, tras el análisis de una veintena de expedientes de concesión de ayudas y que concluye, entre otras cuestiones, que se estaban concediendo subvenciones prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y omitiéndose la fiscalización previa, la Fiscalía ha señalado que “bien porque se participa (Consejería de Empleo) o por el que conocimiento” de los hechos (Consejería de Innovación y de Hacienda), lleva al Ministerio Público a solicitar la condena por malversación.

La “gravedad” de los incumplimientos y de las deficiencias, como el uso de los fondos sin sujeción, sin justificación de su uso o la no acreditación de los requisitos de los beneficiarios, permitieron “un enriquecimiento de empresas y de terceros”.

USO DE LOS FONDOS “ALEJADOS DEL INTERÉS PÚBLICO”

“No cabe alegar por las defensas que desconocían el modo de gestión de los fondos por Empleo ni que los fondos se daban para asistencia a trabajadores en situación crítica”, ha asegurado la Fiscalía, para quien “no existe duda de que el mecanismo usado permitió la movilización de fondos a IFA/IDEA para un uso alejado del interés público”.

Una situación que fue “conocida y buscada por los acusados de malversación”, por lo que no se puede negar su conocimiento, sobre todo, por los receptores del informe adicional, a saber, Miguel Ángel Serrano Aguilar (director general de IDEA); Francisco Vallejo (consejero de Innovación); José Antonio Griñán (consejero de Hacienda), a través de su viceconsejera Carmen Martínez Aguayo; y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

Los acusados de la Consejería de Empleo, según la Fiscalía, “podían destinar los fondos a su antojo y sin control”, apuntando que por ejemplo el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero declaró que para conceder las ayudas a empresas no se evaluaba la situación de la empresa, por lo que “se facilitaba adelgazar la plantilla sin coste para la misma”.

“Por qué no se hizo nada cuando la Agencia Tributaria pidió información sobre las ayudas a empresas del exchófer de Guerrero, o cuándo se conoció que las ayudas las tramitaba personal externo”, entre otras razones expuestas. “Sólo una vez empezada la causa penal se puso en marcha medidas por parte de la Junta para cambiar el sistema e iniciar procedimientos de reintegro”, ha reprochado la Fiscalía.

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