GENERALITAT/JORDI BEDMAR

Los dos escritos de conclusiones provisionales por los que la Fiscalía solicita condenas por rebelión para el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y otros líderes del ‘procés’ separatista en Cataluña incide en que con su actuación todos ellos pretendían orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria, con el fin último de declarar la independencia y “obligar al Estado a aceptar la separación” de este territorio.

“Finalidad que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden constitucional”, según se destaca en una nota de prensa hecha pública este viernes por la Fiscalía General del Estado.

Así se señala en ambos escritos presentados este viernes ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En el primero de ellos se acusa a varios de los miembros de exGovern de Carles Puigdemont, a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a los líderes sociales Jordi Sánchez (Asamblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixar (Ómnium Cultural) de delito de rebelión agravada con malversación de caudales públicos.

Mientras, en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional la Fiscalía ha remitido el escrito en el que solicita 11 años de prisión contra el exjefe de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero también por rebelión, en lugar de los dos delitos de sedición y uno de organización criminal por el que fue procesado.

El relato de hechos de ambos escritos de conclusiones se enmarca en un “contexto fáctico común”, constituido por la estrategia planificada y las actuaciones desarrolladas por los acusados “a fin de conseguir la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña como nuevo Estado en forma de República, segregándola de España, mediante la acción combinada y sincronizada de tres pilares básicos: el parlamentario, el ejecutivo y el social”.

MOSSOS, UN CUERPO POLICIAL ARMADO

El plan secesionista, según subraya la Fiscalía en sus escritos, contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida la violencia ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación.

Para ello se valieron de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas “instigadas y promovidas” por los propios líderes independentistas y, por otra, el uso de los Mossos d’Esquadra.

En este punto, el Ministerio Público destaca que este cuerpo policial, armado e integrado por unos 17.000 efectivos aproximadamente, acataría según mantiene en sus escritos exclusivamente las instrucciones de los acusados “como así sucedió”, y se preveía que llegado el caso podría “proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayéndole así al cumplimiento de su genuina función de guardar y preservar el orden constitucional”.

En base de los hechos que se recogen en ambos escritos de conclusiones provisionales, los delitos por los que la Fiscalía formaliza la acusacion sonl os de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia a la autoridad.

No obstante, en una nota hecha pública este viernes el departamento presidido por María José Segarra como fiscal general del Estado advierte que el acto central de depuración de las responsabilidades penales será el juicio oral, y que tras la práctica de la totalidad de las pruebas propuestas por todas las partes y a resultas de las mismas será cuando los fiscales Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza fijen su posicón acusatoria definitiva.

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