Baleares pedirá al Gobierno de España considerar como servicio público todas las conexiones aéreas entre los aeropuertos de Palma, Ibiza y Menorca con la Península, lo que implicaría fijar un precio máximo de referencia para los billetes por cada trayecto.

Así lo ha anunciado el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, tras reunirse con el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Baleares, Antoni Abrines, acompañado del director general de Puertos y Aeropuertos, Xavier Ramis, y del director general de Consumo, Francesc Dalmau.

Tras esta reunión, Pons ha anunciado que ya han trasladado al Ejecutivo central denuncias del sector sobre «presuntas actuaciones fraudulentas» por parte de las aerolíneas -como la aplicación de diferentes tarifas dependiendo de la región desde la que se compra el billete-, para que lo investiguen la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMNC) y otros organismos.

VUELOS INTERISLAS Y CON LA PENÍNSULA

El objetivo del encuentro era analizar el incremento de precios de los vuelos con la Península tras la entrada en vigor del descuento del 75 por ciento para los residentes en Baleares, a partir de un estudio realizado por Aviba.

Según ha explicado Pons, del estudio se desprende que el comportamiento de las compañías es bastante heterogéneo. El aumento de precios se da en la mayoría de las compañías, si bien las que más han incrementado los precios son las ‘low cost’.

Por ello, desde Baleares quieren plantear medidas para que esta subvención a cargo de los Presupuestos Generales del Estado repercuta en los ciudadanos y «ninguna compañía tenga la tentación de que acabe en su cuenta de resultados», ha dicho Pons, que ha remarcado que se trata de dinero público.

En lo que respecta a los vuelos interislas, Baleares ha pedido al Gobierno una modificación de la Obligación de Servicio Público (OSP) para rebajar el precio de referencia, actualmente de 90 euros por billete, hasta los 60 euros. A este precio se le tiene que aplicar después la bonificación de residente.

El conseller Marc Pons ha defendido que la rebaja es viable, argumentando que antes del incremento del descuento de residente, el precio medio de venta en los billetes interislas rondaba los 50 euros. Por ello, cree que «no tiene sentido» mantenerlo en 90 euros cuando antes las compañías «funcionaban bien» con un precio inferior.

Esto supondría «tener un techo que no se podrá superar» y promovería que se dieran ofertas más bajas a los consumidores. El precio de referencia permite la fluctuación de precios, pero la media de los billetes vendidos por la compañía debe respetar la tarifa aprobada por el Ministerio de Fomento.

Al mismo tiempo, el Govern pedirá que todas las conexiones aéreas entre Baleares y la Península tengan la consideración de servicio público, abierto a todas las compañías aéreas, con la única restricción de fijar un precio máximo de referencia como ocurre en las OSP entre las Islas. Como ejemplo, ha señalado que el precio cerrado para la ruta Mahón-Madrid es de 110 euros -aplicando después el descuento de residente-.

Pons ha puntualizado que aunque el cambio legal compete al Gobierno de España, requeriría una autorización de la Unión Europea.

PRÁCTICAS FRAUDULENTAS

Igualmente, el Govern ha anunciado que ya ha trasladado al Gobierno de España denuncias sobre presuntas prácticas fraudulentas en la comercialización de billetes con origen o destino en Baleares, no sólo en materia de precios sino también en cuestiones que afectan a la calidad del servicio. También se ha pedido convocar a la comisión mixta con el Gobierno de España y el comité de coordinación aeroportuaria.

Según ha indicado Pons, el Gobierno estatal se reunió a principios de mes con Competencia para pedir que analizara si ha habido una distorsión de precios en las rutas con Baleares; y también se ha reunido con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa), Aena y Enaire para revisar otras incidencias en Baleares, vinculadas a la entrada en vigor del descuento del 75 por ciento, «tanto en precio como en seguridad».

El conseller ha declarado que estas presuntas prácticas «se pueden penalizar» y ha reivindicado que es necesario que la CNMC «actúe» a partir de los datos que constate el Gobierno de España, quien tendrá «capacidad de sanción». Desde el Govern han querido ser «prudentes» y no dar el nombre de las aerolíneas implicadas mientras no haya una resolución firme.

«ARTILUGIOS» PARA ENCARECER LOS PRECIOS

Por su parte, Abrines ha explicado que, si bien desde las agencias de viajes han constatado solamente el aumento de precios, creen que en la compra a través de páginas web las empresas pueden contar con «más artilugios para encarecer precios».

El presidente de la asociación ha precisado que en las agencias de viajes el sistema aplica el descuento de residente al final, mientras que en los portales ‘online’ de compraventa de billetes se pide al usuario que confirme si es residente al principio, lo que sospechan que puede influir en las tarifas que se ofrecen. Otra cuestión que piden analizar es si se ofrecen diferentes precios dependiendo de si el usuario está comprando el billete desde Baleares o desde la Península, un dato que las páginas web pueden comprobar mediante la dirección IP del cliente.

El sector de las compañías aéreas es el segundo más sancionado en Baleares, por detrás de la telefonía móvil. En 2017, la Dirección General de Consumo abrió 26 expedientes a aerolíneas que operan en Baleares, con un montante en sanciones de un millón de euros. El director general, Francesc Dalmau, ha animado a los consumidores a plantear reclamaciones «cada vez que tengan una controversia».

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