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El consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, y la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras, han defendido este martes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que no desobedecieron al Tribunal Constitucional porque el correo electrónico que enviaron con un modelo de decreto de apoyo de los ayuntamientos al 1-O fue previo a la suspensión del referéndum por parte del alto tribunal y que solo hicieron recomendaciones y nunca dieron órdenes a los alcaldes.

En declaraciones a los medios, Lloveras ha asegurado que la AMI y la ACM son espacios de debate político y que, con los tres correos electrónicos que están bajo sospecha en la causa, se limitaban a “hacer política”, expresar opiniones y voluntades, y posicionarse sobre temas de actualidad.

En la misma línea, ha rechazado que pueda ser considerado delito hacer política y expresar opiniones y voluntades, además de recordar que la AMI y la ACM son entidades privadas, que solo buscaban “escenificar” el apoyo del mundo municipal al 1-O y que en ningún caso fueron apercibidos por el TC.

Además, Lloveras ha recordado que sobre los tres correos electrónicos enviados por ella cuando era presidenta de la AMI, el 6 de septiembre, el 10 y el 12, ya fue interrogada en el Tribunal Supremo y la causa contra ella se sobreseyó, por lo que ha confiado en que el procedimiento no prospere y se archive.

Los dos políticos han declarado este martes como investigados por un delito de desobediencia ante el TSJC a raíz de una querella de la Fiscalía que se centraba en el envío de tres correos electrónicos, presentada a finales de septiembre de 2017.

PIDIERON A LOS ALCALDES DIPONIBILIDAD DE LOCALES PARA EL 1-O

El primero, el 6 de septiembre, la noche en la que se aprobó en el Parlamento catalán la Ley del referéndum, en el que pedían a los alcaldes la disponibilidad de locales y les facilitaban un modelo de decreto de Alcaldía con una declaración política de apoyo al 1-O.

Sobre este correo, los dos han defendido que entonces no se había suspendido el referéndum y que se limitaron a proponer un modelo de decreto, pero que lo debían aprobar los propios ayuntamientos si lo creían conveniente, ya que ellos siempre respetaron “la autonomía local” porque, de hecho, en la ACM hay diferentes sensibilidades políticas.

SOLO INFORMABAN

En declaraciones a los medios, Buch ha explicado que con ese correo se limitaron a informar a los ayuntamientos de la actividad legislativa del Parlament, de que había una nueva ley y un nuevo decreto, y ha valorado: “Estamos convencidos de lo que hicimos y de que no cometimos ningún delito”.

También se investiga a Lloveras por enviar otro correo con un informe elaborado por el colectivo Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local per la Independència (SITxCAT) el 10 de septiembre, y a los dos por un último correo enviado el 12 de septiembre con material para la campaña del referéndum del 1-O con dos modelos de carteles de fomento de la participación.

En este caso, ambos han defendido que eran correos meramente informativos y que, en el caso de la campaña de publicidad, finalmente nunca se puso en marcha después de que el entonces delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, les trasladara el 12 ó 13 de septiembre la suspensión del TC, según han indicado fuentes judiciales.

PEDIRÁN EL ARCHIVO

Tras acudir al alto tribunal catalán acompañados por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el Govern, diputados del Parlament y representantes de la AMI y la ACM, los dos han declarado unos 20 minutos cada uno, y han respondido a las preguntas del magistrado Jordi Seguí y de su abogada, Judit Gené, mientras que el fiscal no ha hecho preguntas, según las citadas fuentes.

La abogada de los dos políticos prevé pedir en breve el archivo de la causa argumentando que los mismos hechos fueron investigados en el Tribunal Supremo y sobre ellos fue interrogada la propia Lloveras, teniendo como resultado el sobreseimiento libre.

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