El ex presidente del Govern, Jaume Matas, ha alcanzado un acuerdo en el caso Over, que investiga el presunto uso de fondos públicos para “beneficiar” a la entidad mercantil Over Marketing, que fue la encargada de las campañas electorales del PP de 2003 y 2007. Al ser preguntado acerca de si reconocía los hechos y aceptaba las penas, el también ex ministro ha dicho que “absolutamente”.

Así lo ha manifestado este lunes ante el tribunal de este juicio, que tiene lugar en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares. El propietario de Over Marketing, Daniel Mercado, también ha llegado a un acuerdo, así como otra de las acusadas. El ex conseller de Interior, José María Rodríguez, no lo ha aceptado.

Matas ha aceptado la comisión de los delitos de fraude a la administración, malversación de caudales públicos y prevaricación y ya ha abonado su parte de la responsabilidad civil que se le pedía, que es de cerca de 10.000 euros.

Así, Matas ha aceptado que la pena de cárcel, que ha sido rebajada a dos años y medio de prisión respecto a la petición inicial, sea sustituida por una multa. Esta será de un total de 18.000 euros.

El juicio continuará este martes con la declaración de Mercado. El miércoles será el turno de declarar de Matas. Además, para el día 14 de noviembre está citado, como testigo, el jefe de Auditoría interna del PP.

Matas fue trasladado al Centro Penitenciario de Palma el lunes 24 desde la prisión de Aranjuez, donde ingresó en junio después de que el Tribunal Supremo ratificase su condena a tres años ocho meses de cárcel por el caso Nóos. Fue condenado por un delito continuado de prevaricación en concurso medial, por uno de falsedad en documento público y por un delito de malversación de caudales públicos.

“FALTA DE COMPETENCIA OBJETIVA”

En otro sentido, el abogado de Rodríguez, también ex secretario general del PP, ha señalado que su defendido es aforado por lo que se produce una “falta de competencia objetiva” para ser investigado por el juzgado que lo ha hecho.

En respuesta tanto el representante del Ministerio Fiscal, Miguel Ángel Subirán como la de la Abogacía de la Comunidad autónoma, María Dolores Berrocal, han explicado que esto no es así y, en contra de lo que esgrimía el abogado, no ha habido “indefensión material”. Respecto a esto, además, Berrocal, ha dicho que cuando se inició la instrucción Rodríguez “ya no gozaba de ese privilegio”.

A este respecto, la presidenta del Tribunal, Mónica de la Serna, ha señalado que la petición de la defensa de Rodríguez es “extemporánea” y “susceptible de vulnerar la buena fe procesal”. Rodríguez se enfrenta a una pena de cinco años de prisión y nueve años de inhabilitación especial para cargo o empleo público.

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