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Los Gobiernos europeos darán luz verde este miércoles, a nivel de embajadores, a la renovación del régimen de sanciones a Venezuela un año más, según han avanzado a Europa Press fuentes europeas y diplomáticas.

Los Veintiocho aprobaron en noviembre de 2017 la base jurídica para poder sancionar a dirigentes venezolanos responsables del deterioro democrático y de la represión civil y un embargo de armas y de equipos susceptibles de ser utilizados para la represión interna.

Las sanciones europeas –congelación de activos y prohibición de entrada en la UE afectan a un total de 18 altos cargos venezolanos políticos y militares, entre ellos Diosdado Cabello, así como los vicepresidentes Tareck El Aissami y Delcy Rodríguez, el Fiscal General, Tarek Halabi y el presidente del Tribunal Supremo venezolano, Maikel José Moreno Pérez.

Los Veintiocho darán luz verde a nivel de embajadores y “sin discusión” previa este miércoles a “la renovación del régimen de sanciones existente para Venezuela por un año más, hasta noviembre de 2019”. “Eso incluye los 18 individuos listados”, han avanzado fuentes diplomáticas.

Su renovación ya ha sido acordada a nivel de grupo de trabajo y será formalmente aprobada por el Consejo de ministros de Economía en noviembre sin discusión previa, han precisado otras fuentes.

“La situación hoy no ha mejorado, al revés. De modo que mantenemos nuestra decisión. Las medidas restrictivas continuarán mientras se siga violando los Derechos Humanos y los principios democráticos sean ignorados. No tenemos intención de rebajar nuestra posición dada la ausencia de un progreso sustancial sobre el terreno”, ha asegurado la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, durante un debate sobre Venezuela en sesión plenaria en Estrasburgo.

Mogherini ha asegurado que ningún Estado miembro ha pedido revisar las sanciones y los Veintiocho se mantienen unidos, insistiendo en que no tomaron “a la ligera” la decisión de imponer sanciones de este tipo por “primera vez” a un país latinoamericano por el deterioro de situación, a la luz de “las violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela y los ataques a las instituciones democráticas”, a fin de mandar “un mensaje” a las autoridades de Caracas, con las que no obstante mantiene un canal de diálogo “normal”.

La jefa de la diplomacia europea ha insistido en la necesidad de que la UE explore “establecer un grupo de contacto” junto a países latinoamericanos y actores relevantes regionales e internacionales para ver si se pueden crear “las condiciones” que, en un futuro, permitan “relanzar un proceso político”, si bien ha pedido “no levantar expectativas” tras dejar claro que hoy no se dan las condiciones ni para el diálogo ni una mediación.

“No creemos que ahora una mediación ni un diálogo tendrían ninguna probabilidad de tener éxito”, ha admitido, si bien ha insistido en la necesidad de actuar para evitar el riesgo de “una escalada de violencia” en ausencia de un proceso político y tras mostrar preocupación por el deterioro político y social, que ha llevado a más de dos millones de venezolanos a huir a los países vecinos.

La UE ha movilizado un paquete de 35 millones de euros para atender las necesidades de los venezolanos dentro y fuera del país, la mitad ya ha sido ejecutado y el resto se hará “a principios del año que viene”, al tiempo que explora elevar el apoyo financiero, ha explicado.

Mogherini ha dejado claro que solo cabe una solución “pacífica” a la crisis venezolana y no aceptarán “una solución externa impuesta”, dejando claro que la idea de una intervención militar no sólo es “inaceptable” sino que “sería contraproducente”.

En este contexto, la jefa de la diplomacia europea ha reclamado a Caracas “medidas unilaterales” inmediatas para crear confianza, en primer lugar que restablezca el poder constitucional de la Asamblea venezolana y que respete la inmunidad de sus miembro, la liberación de todos los presos políticos, restablecer el pluralismo político y el respeto de los derecho y libertades fundamentales y permitir elecciones “libres, creíbles y transparentes” en pleno respeto de la Constitución.

También ha reclamado una investigación “completa, independiente e imparcial” sobre la muerte del concejal venezolano Fernando Albán, mientas estaba en custodia policial, tras recordar “la obligación del Estado” de garantizar la seguridad e integridad física de las personas bajo su custodia.

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