Foto: Reuters

Un juez del Tribunal Supremo peruano ha anulado este miércoles el indulto humanitario concedido en diciembre de 2017 al expresidente Alberto Fujimori y ha ordenado que sea detenido de nuevo, después de aceptar los recursos presentados por familiares de víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, presidido por el magistrado Hugo Nuñez Julca, ha considerado “fundado” el recurso de la parte civil. El juez ya ha emitido “órdenes de ubicación y captura” contra Fujimori, para que “sea reingresado al establecimiento penitenciario que designe la autoridad penitenciaria”, informa el Poder Judicial en Twitter.

El abogado de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, ha asegurado en declaraciones a Canal N que su cliente está “bastante consternado” por una resolución que considera “cuestionable”. Por este motivo, ha anunciado que impugnarán la decisión del juez Nuñez Julca.

El antiguo mandatario, condenado por delitos de lesa Humanidad, fue indultado el pasado 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente, Pedro Pablo Kuzcynski, que libraba entonces un pulso político en el Parlamento contra una oposición encabezada precisamente por dos hijos de Fujimori.

Kuzcynski, que entonces fue acusado de utilizar el indulto como carta política para salvar la moción de Fuerza Popular, terminó dimitiendo en marzo de este año por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht.

EL PAPEL DE LA CIDH

Los familiares de las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigara el indulto, que Kuzcynski atribuyó únicamente a razones humanitarias y no políticas. La CIDH estableció que el indulto fuera revisado constitucionalmente.

El exministro de Justicia Enrique Mendoza, que firmó el indulto otorgado por Kuczynski, ha defendido la legalidad la medida otorgada en diciembre. “Me ratifico que es un indulto netamente constitucional y legal y además atiende razones humanitarias”, ha subrayado este miércoles, según la emisora RPP.

El propio Fujimori defendió a finales de agosto, tras acudir a una revisión médica, la legalidad de su indulto, “sustentado médicamente”. “Yo tengo fibrilación auricular paroxística, que es una enfermedad riesgosa”, declaró a la emisora RPP, al ser consultado por el pronunciamiento de la CIDH.

El expresidente fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por la muerte y el secuestro de decenas de personas en diferentes hechos violentos ocurridos durante su Gobierno en el marco de la lucha contra la guerrilla Sendero Luminoso.

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