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La Fiscalía del Tribunal Supremo ultima el escrito de petición de penas para los implicados en el ‘procés’ independentista en Cataluña, que serán juzgados en los próximos meses y baraja la petición de penas agravadas para los líderes, que en el caso del exvicepresidente Oriol Junqueras podrían superar los 20 años de cárcel por el delito de rebelión. Se prevé pedir penas diferentes según el grado de responsabilidad en lo ocurrido y no se descarta que algunos de los procesados por Pablo Llarena quede fuera del escrito del fiscal.

El borrador que manejan los fiscales Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza apuesta por calificar lo ocurrido como rebelión, al entender que los hechos encajan en esta previsión del Código Penal al existir la violencia que exige el tipo. Esta violencia la ve claramente la acusación pública tanto en la concentración ante la Consejería de Economía del 20 de septiembre de 2017 como en los hechos del 1-O, señalan fuentes del Ministerio Público.

La aplicación de estas penas más altas obedece, siempre según el borrador de la Fiscalía, a la integración del delito de malversación de caudales públicos en el principal de rebelión, lo que obliga a aplicar las penas agravadas. No obstante, la petición de cárcel para los líderes separatistas podrán verse finalmente rebajada una vez se celebre el juicio, en el turno de conclusiones definitivas, según señalan las mismas fuentes.

Estas penas iniciales, de entre 20 y 25 años de prisión, se baraja pedirlas tanto para Junqueras como para el resto del exGovern en prisión, según las mismas fuentes, esto es, para los exconsejeros Joaquim Forn (principal responsable de los Mossos de’Esquadra) y el resto de los que se encuentran en prisión que son Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull y Jordi Turull.

En un segundo nivel de penas, se estudian pedir entre los 10 y 15 años (que podrían llegar a los 20 en función del grado de responsabilidad) para los procesados que no tienen malversación, que son la exvicepresidenta Carme Forcadell y los responsables de los movimientos civiles Jordi Sánchez (Asamblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixart (Ómnium Cultural), mientras que el resto del exGovern procesado y otros diputados que también lo fueron por Llarena podrían aparecer en el escrito con penas más bajas, de entre 5 y 10 años, o incluso quedar fuera de la petición fiscal según las mismas fuentes.

SEDICIÓN ALTERNATIVA

No obstante, la Fiscalía presentará previsiblemente a los magistrados que juzgarán este asunto una petición alternativa, por delitos de sedición y malversación, que en todo caso tienen como consecuencia una petición de pena muy similar al sumarse las de ambos delitos.

El escrito estará listo para ser presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dentro del plazo que se dé a las acusaciones una vez abra juicio oral, lo que está previsto que sea esta semana tras adquirir firmeza el auto de conclusión de sumario que hizo público en julio el juez Llarena.

A partir de este momento, además de la Fiscalía, tendrán turno de presentar sus conclusiones tanto la Abogacía del Estado como la acusación popular en representación de Vox. Le seguirá un turno para que las defensas presenten sus respectivos escritos de defensa y, finalmente, se señalará fecha para el juicio, que se prevé a finales de noviembre o principios de diciembre, para lo que se denomina cuestiones previas, y enero para los interrogatorios y el desarrollo de la vista en sí.

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