Foto: Reuters

El Tribunal Supremo de Washington ha declarado inconstitucional la pena de muerte en este estado norteamericano en un fallo unánime que se ha dado a conocer este jueves.

La sede jurisdiccional se ha basado en el caso de Allen Eugene Gregory, condenado a la pena de muerte en 2001 por un homicidio en primer grado con agravante. En la apelación, presentó un estudio sobre la influencia que tienen la raza y el lugar de origen del imputado en la imposición de la pena capital. De acuerdo con sus conclusiones, los afroamericanos tenían hasta cuatro veces más posibilidades de recibir tal castigo que los acusados blancos.

El Tribunal Supremo ha dado la razón al estudio presentado por Gregory afirmando que la pena de muerte se aplica de forma arbitraria basándose en criterios raciales. “Todas las condenas a muerte, por tanto, quedan conmutadas por cadena perpetua”, han decidido los magistrados.

El gobernador de Washington, el demócrata Jay Inslee, ha aplaudido el fallo. “Es un momento enormemente importante en nuestra lucha por conseguir una Justicia justa”, ha valorado, según informa el portal de noticias ‘The Hill’.

Esta resolución judicial reduce el número de estados en los que se aplica la pena de muerte a 30 de 51. En Washington hay actualmente ocho presos en el corredor de la muerte y 78 han sido ejecutados desde 1904, todos hombres. La última tuvo lugar en 2010.

TENDENCIA ABOLICIONISTA

“Es una tremenda noticia para todos los que luchamos para abolir la pena de muerte en Washington”, ha dicho Kristina Roth, de Amnistía Internacional en Estados Unidos, confiando en que ahora que este estado “ha acabado con este castigo cruel, inhumano y degradante” otros estados se animen.

Roth ha aprovechado para enfatizar que la pena de muerte, no solo “es la última negación de los Derechos Humanos”, sino que además no contribuye a reducir la criminalidad ni a mejorar la seguridad pública, por que “debería acabar de una vez por todas”.

Un total de 106 países habían legalmente la pena de muerte al cierre de 2017, mientras que otros 142 lo habían hecho ‘de facto’ al no emitir nuevas condenas o no ejecutarlas. “Estos datos evidencian la tendencia global hacia la abolición”, ha destacado la ONG en un comunicado.

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