La portavoz del Grupo Municipal Popular, Margalida Durán, ha asegurado este martes que la “mala praxis continuada” del regidor de Movilidad, Joan Ferrer, “ha costado 121.566 euros a los palmesanos” debido a unas indemnizaciones por despidos improcedentes y a la sanción de Protección de Datos.

En una rueda de prensa, la edil del PP ha lamentado que la Sociedad Municipal de Aparcamientos (SMAP) se haya “visto obligada a hacer frente a dos indemnizaciones por despidos improcedentes de 55.000 y 36.566 euros cada una”.

Según ha explicado Durán, en el Consejo de Administración de la semana pasada, el representante sindical de UGT aportó un documento sobre una indemnización de 36.566 euros en concepto de despido improcedente para una arquitecta con más de diez años de experiencia que “fue despedida en mayo de 2017 sin justificación alguna”.

Durán ha defendido que esta trabajadora “no debería haber sido despedida nunca” y ha argumentado que con el proceso de reversión de aparcamientos municipales “habrá más trabajo”. Además, ha censurado que “para sustituir a esta trabajadora se ha contratado de manera temporal a un ingeniero de caminos y a un ingeniero industrial, además de haberse realizado diferentes contratos externos”.

Por ello, la edil ha calificado de “muy grave” y de “una nueva muestra de la hipocresía de la izquierda” que la trabajadora despedida sea una mujer, con 10 años de experiencia y mayor de 45 años. Así, Durán ha pedido explicaciones a Noguera, “el alcalde que en su primer discurso hablaba de una Palma feminista, pero que a la hora de la verdad mira para otro lado cuando se despide a una mujer mayor de 45 años únicamente por capricho del regidor del área”.

“Es la segunda vez que el regidor Joan Ferrer obliga a todos los palmesanos a pagar una indemnización por sus despidos a golpe de capricho”, ha protestado Durán, que a esta cantidad ha añadido los 55.000 euros que la empresa pública tuvo que abonar por despido improcedente de un trabajador con más de 15 años de experiencia y a la sanción de 30.000 euros impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos.

“La mala praxis de Joan Ferrer, consentida por el alcalde, ya nos ha costado a todos 121.566 euros”, ha declarado la portavoz del PP.

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