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La nueva ley hipotecaria que tramita en estos momentos el Congreso repartirá entre las entidades financieras y los clientes los gastos de una hipoteca, aunque en todo caso esperará al criterio que establezca el Tribunal Supremo sobre el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la sentencia que se revisará el próximo 5 de noviembre.

Así lo han acordado los grupos en la última reunión de la ponencia de este proyecto de ley, celebrada este miércoles, según han informado a Europa Press diferentes fuentes de la ponencia que lleva la Comisión de Economía y Empresa.

El acuerdo adoptado por la comisión es que los gastos se repartan entre bancos y consumidores, una postura defendida por PP, PSOE y Ciudadanos, frente al criterio de Unidos Podemos, que abogaba por que fueran las entidades financieras las que se hicieran cargo de todos los gastos.

Sin embargo, desde el PSOE aseguran que la voluntad tanto del Gobierno como del propio grupo parlamentario es conseguir el máximo consenso posible sobre esta cuestión y “sumar a todos” en el texto que salga de la ponencia.

En todo caso, aún no existe ninguna propuesta concreta de reparto, ya que hasta ahora la ley definía que, a la hora de firmar una hipoteca, se debía detallar de forma transparente este reparto. Esto es, el texto legal atendía a que ambas partes debían quedar informados de los gastos que debía asumir cada uno, pero sin establecer por ley ningún reparto.

DETALLAR LOS GASTOS QUE DEBE ASUMIR CADA UNO

Según han informado fuentes de la comisión, la intención de los grupos es definir en la propia ley qué gastos debe asumir el cliente y qué gastos corresponden a la entidad financiera, con el fin de frenar la litigiosidad en materia hipotecaria.

Este reparto se realizará una vez se conozca el criterio del Tribunal Supremo, que debe pronunciarse sobre quién es el sujeto pasivo a la hora de tributar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en el Pleno de esta institución previsto para el próximo día 5 de noviembre.

A partir de ahora, los grupos discutirán con propuestas que les traslade en los próximos días el grupo parlamentario socialista desde el propio Gobierno, y en las que ya trabajan el Ministerio de Economía y Empresa, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Justicia.

CERRAR CUANTO ANTES LA REFORMA HIPOTECARIA

Fuentes socialistas aún no descartan, en declaraciones a Europa Press, que la ley establezca dicho reparto pero sin definir totalmente qué corresponde a quién, sino hacer esto a través de un posterior desarrollo reglamentario que tenga que aprobar el Gobierno.

Y es que la prioridad del Gobierno es poder cerrar cuanto antes la ponencia para remitir en unas semanas el texto legal al Senado, entonces, principalmente por el interés del Gobierno de tener aprobada la norma ante el riesgo de una sanción por parte de la Comisión Europea.

De hecho, la decisión de esperar al Pleno del Tribunal Supremo retrasa una semana el plazo inicialmente previsto, que ahora pasa por concluir los trabajos de la ponencia el martes 6 de noviembre, aprobará en comisión su dictamen a la siguiente semana y celebrará la votación de la ley y las enmiendas que queden ‘vivas’ al Pleno una semana más tarde.

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