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La prueba pericial del juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, acusados de delitos de prevaricación y malversación por la creación y mantenimiento del procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos entre los años 2001 y 2010 ha llegado a su fin este lunes después de más de seis semanas y 26 sesiones.

Minutos antes de las 11,00 horas de este lunes ha concluido el interrogatorio del abogado José Rebollo, que defiende al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, a los nueve peritos, dándose de esta manera por finalizada la prueba pericial conjunta, que comenzó el pasado 11 de septiembre.

En la misma han participado nueve peritos, tres pertenecientes a la Intervención General de la Administración de Estado; dos propuestos por la defensa de Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano; otros dos por la defensa de la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; uno por la defensa de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez y otro por la representación procesal del exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

Durante estas seis semanas se han debatido y vuelto a debatir “hasta la saciedad”, en palabras del presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, cuestiones como las transferencias de financiación usadas por la Dirección General de Trabajo para allegar fondos al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencias de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), para el pago de las ayudas; o el marco normativo de las mismas y naturaleza jurídica.

También se han referido a la fiscalización previa de los expedientes de las subvenciones; los diversos informes de la Intervención General de la Junta; las competencias en la elaboración de los presupuestos del consejero de Hacienda o del director general de Presupuestos; o el conocimiento del Parlamento del programa 31L con el que Empleo concedía las subvenciones.

Terminado el interrogatorio de Rebollo, el presidente de la Sala ha agradecido a los nueve peritos su labor y “paciencia” por la duración de la prueba y los abogados han pedido un breve receso para “despedirse” de los peritos, aprovechando, incluso, algunos para hacerse algunas fotos con ellos.

A continuación, el fiscal anticorrupción Juan Enrique Egocheaga ha tomado la palabra para dar comienzo a la fase documental del juicio, que previsiblemente se desarrollará durante las sesiones de este lunes, martes y miércoles.

Concluida la documental, el 29 de octubre llegará el turno de la presentación por las partes –Fiscalía, acusaciones del PP-A y Manos Limpias y las defensas–, de las calificaciones y sus informes, lo que supondrá que los 22 acusados vuelvan a asistir a la Audiencia Provincial de Sevilla para seguir el desarrollo del juicio ‘in situ’, toda vez que la Sala le permitió ausentarse del mismo durante la fase testifical, pericial y documental.

Si bien, muchos de ellos han asistido con asiduidad a las sesiones en las que han declarado testigos o durante la prueba pericial, en la que han sido fijos la exconsejera Magdalena Álvarez, el ex interventor general Manuel Gómez Martínez o los exviceconsejeros de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y José Salgueiro.

ÚLTIMAS PREGUNTAS DEL INTERROGATORIO

El letrado defensor del ex interventor general Gómez Martínez ha continuado su interrogatorio con la exhibición de dos informes de la Intervención General para un proyecto de decreto del año 2000 y para un proyecto orden reguladora de las ayudas de 2004, respectivamente.

Según Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de auxilio judicial pertenecientes a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en el informe para el proyecto de decreto del 2000 la Intervención General “habla de la necesidad de usar el concepto presupuestario adecuado y de la convocatoria de las ayudas con unos requisitos para los beneficiarios. Además establece que si el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) va a participar en el sistema de concesión de ayudas como entidad colaboradora debe quedar fijado en las bases de las mismas”.

Este proyecto de decreto, según el letrado, pasó tres veces por el ‘consejillo’ de viceconsejeros y que presidía el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, por lo que “los asistentes sí debieron conocer los requisitos”, según Turrión.

Para la IGAE, si se hubiera aprobado la orden de regulación de las subvenciones de 2004 “hubiera habido fiscalización previa de las ayudas y se habrían evitado las deficiencias” detectadas.

En este punto, José Ignacio López, el perito propuesto por la defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, ha apuntado que en sendos informes de la Intervención General se “omite” en análisis del título competencial de las ayudas, que no es el subvencional sino el recogido en la Orden Ministerial de 1995. La material laboral “no es competencia de Andalucía y por tanto el Consejo de Gobierno y el consejero de Empleo no podía regular esta material por ser estatal”.

Además, según Turrión, el informe de la Intervención General sobre la orden de 2004 también “hace referencia al concepto presupuestario adecuado, subvenciones a familias y entidades sin fines de lucro, en lugar de las transferencias de financiación y poner fin al procedimiento establecido anteriormente”.

El último bloque del interrogatorio de Rebollo ha girado en torno los posibles anticipos de pagos por parte de IFA, posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA y ha expuesto cinco supuestos casos, Hamsa, Jerez Industrial, Santana y en dos ocasiones en Delphi. Si bien, la IGAE ha señalado que sólo tiene certeza en dos de los supuestos que se abonaran parte de las ayudas antes del traspaso de fondos desde la Dirección General de Trabajo a IFA/IDEA a través de las transferencias de financiación.

Exhibida parte de la declaración de Manuel Gómez en la comisión de investigación sobre las ayudas de los ERE en el Parlamento de Andalucía, donde explicaba la razón de la remisión de los informes de Control Financiero Permanente de IFA/IDEA al titular de Hacienda, como en el caso del programa presupuestario 31L con el se pagaban las ayudas, por “la insuficiencia presupuestaria”.

Para Turrión está “claro” que la Ley General de Hacienda Pública y el Reglamento de la Intervención General de la Junta contempla la remisión de informes al consejero de Hacienda para que, si así lo estima y considera procedente, pueda someter al Consejo de Gobierno los aspectos relevantes de los informes.

“Está claro que ante una circunstancia como es la inexistencia de crédito y asumir obligaciones de pagos, obviamente el consejero de Hacienda tenía que conocer un tema de tanta importancia, no formal ni administrativo, sino esencial dentro de la tramitación de los expedientes de subvenciones”, ha concluido Turrión.

Por su parte, Juan Zornoza, perito propuesto por la defensa del expresidente Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano, ha reiterado “la inexistencia de obligación legal del consejero de Hacienda” en virtud de los informes.

Además, ha indicado que las “deficiencias” recogidos en los informes “daban lugar a que los acuerdos de Control Financiero Permanente del Consejo de Gobierno recogiesen medidas sobre las propuestas de la Intervención. Los consejeros y el Consejo de Gobierno cumplieron sus obligaciones”.

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