CONSEJERÍA DE SALUD

La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha reiterado este jueves en la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía la “sensibilidad y compromiso” del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con las agresiones a profesionales, ante las que pide “tolerancia cero”, y que desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto han sumado en Andalucía un total de 213, 52 físicas y 161 no físicas, siendo Málaga la provincia que más casos ha registrado con un total de 49.

Además, en Sevilla ha habido 43, 30 en Jaén, 23 en Córdoba, otras 23 en Huelva, 19 en Cádiz, 17 en Almería y nueve en Granada, según los datos aportados por la consejera durante su intervención, en la que ha afirmado que “se trata, sin duda, de un tema muy sensible, que ha aumentado en los últimos años en todas las comunidades, y que exige una respuesta de toda la sociedad en su conjunto”. “Nuestro objetivo es conseguir un estado de tolerancia cero frente a las agresiones, y para ello ponemos todas las medidas y medios que sean necesarios”, ha dicho.

En este sentido, Álvarez ha recordado que Andalucía fue la primera comunidad en poner en marcha en 2005 el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz y que desde entonces también cuenta con el Registro Informático de Agresiones (RIAC).

Este plan, como ha explicado la titular de Salud, establece un protocolo de actuación que se activa ante la notificación de una agresión en un centro sanitario. Incluye la asesoría jurídica al personal agredido, el apoyo psicológico si lo estima conveniente, así como formación y diferentes medidas y protocolos con el objetivo de prevenir y minimizar las posibles agresiones que puedan sufrir los profesionales en sus centros de trabajo.

Desde que se puso en marcha el plan hasta la fecha, como resultado de la asesoría jurídica, el SAS ha logrado más de 2.500 sentencias condenatorias por agresiones a profesionales, de las que 163 han sido tipificadas como delitos de atentado.

En este sentido, la consejera ha querido destacar “el empeño de esta Administración y el trabajo conjunto realizado con el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para conseguir que estas agresiones puedan ser consideradas como delito de atentado”. “Los órganos judiciales han demostrado una gran sensibilidad hacia este asunto y muestra de ello es el aumento del número de condenas de este tipo durante los últimos años”, ha enfatizado.

En 2017, se produjeron en Andalucía 1.115 agresiones a profesionales en los centros, se realizaron 164 asistencias letradas y se lograron 154 sentencias condenatorias, 32 de ellas como delitos de atentado. La tasa de agresiones, por tanto, fue de 11,43 por 1.000 profesionales, un dato que se sitúa por debajo del registrado en el Sistema Nacional de Salud.

De enero a junio de 2018, el número de agresiones físicas registradas es de 124, dos menos que en el mismo periodo del año anterior.

La Consejera también ha expuesto que los centros sanitarios cuentan con elementos de seguridad para asegurar un ambiente de confianza a profesionales y usuarios, tales como dispositivos de alarma o interfonos en consulta, videocámaras de seguridad, salidas alternativas en consulta, instalación de software antipánico en ordenadores o personal de vigilancia.

Asimismo desde 2008, el SAS imparte el curso ‘on line’ de Control de Situaciones Conflictivas. Hasta finales de 2017 se han formado a un total de 54.056 profesionales. “El objetivo es que el mayor número posible de profesionales cuente con las habilidades sociales necesarias para evitar y abordar situaciones de conflicto en su relación con los usuarios”, ha explicado.

En la misma línea, en diciembre del pasado año 2017, se difundió el procedimiento de ‘Cambio de oficio de profesional de medicina de familia y/o pediatría para la salvaguarda de la buena relación con la ciudadanía’. En él se describe las actuaciones y recomendaciones a seguir ante la aparición de situaciones de conflicto en la relación entre profesionales –medicina de familia y pediatría– y ciudadanía en el ámbito de la atención primaria.

NUEVAS MEDIDAS ANTIAGRESIONES

Durante este año 2018, en los centros con mayor incidencia de agresiones se está desarrollando una nueva actividad formativa denominada Taller para la Prevención de Agresiones a profesionales. Esta actividad está planteada para dotar a los profesionales de técnicas para enfrentar las situaciones de agresión, procurando disuadir al agresor. Para esta actividad de 20 horas en modalidad presencial se ha contado como docentes con profesionales de Instituciones Penitenciarias expertos.

Actualmente, los centros realizan campañas de difusión del plan de prevención y atención a agresiones mediante cartelería, colocación de los flujogramas de actuación en lugares apropiados, información verbal y por escrito en el plan de acogida de los profesionales de nuevo ingreso así como su publicación través de la web del SAS y la intranet de cada centro.

Otra medida más puesta en marcha dentro del plan en materia de prevención en la que se trabaja desde la Administración es la designación de interlocutores sanitarios en cada provincia. Estos interlocutores canalizan la comunicación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en cuanto a las agresiones registradas en la sanidad pública andaluza, la información sobre las medidas de seguridad puestas en marcha, los cursos de formación y otras medidas de prevención llevadas a cabo por la Consejería de Salud.

Actualmente se está elaborando en la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales del SAS un procedimiento del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. En él se recogerán las funciones de cada agente implicado, que aunque ya se recogían en el Plan de Prevención y Atención de Agresiones, “se acordó que sería positivo contar con un procedimiento específico que resuma los aspectos fundamentales”.

La popular Ana Mestre ha lamentado que “crezcan” las agresiones físicas y verbales y dice que todas las medidas puestas en marcha “son insuficientes”. Además, asegura que estos ataques “se deben a que se generan expectativas, mientras hay colapsos, demoras y reticencia por parte de ciertos profesionales a derivar a pruebas diagnósticas, por lo que aumenta la crispación”, y afirma que el Plan de Verano “es una auténtico fracaso año tras año”.

PODEMOS: EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN “NO HA SERVIDO”

Por su parte, desde Podemos Juan Antonio Gil dice que el protocolo de actuación “no ha servido” y que el origen de estas agresiones “es la escasez de recursos”, por lo que “no se trata de poner más o menos vigilantes de seguridad sino de que los centros de salud cuente con los recursos necesarios y los cupos no se vean desbordados”. “El único plan que salud debería de considerar un éxito es que nuestra médicos de familia dispongan al menos 10 minutos por consulta”, añade.

La diputada de Cs Marta Escrivá ha apuntado que los profesionales “tienen que sentirse seguros y tranquilos a la hora de hacer su trabajo” y asegura que a pesar de que hay mediad en marchas, “no son suficientes o no del calado necesario”, porque entre el primer semestre de 2018 y el mismo periodo de 2017 “la reducción ha sido poca”.

Inmaculada Nieto de IU ha abundado “en la incidencia de los recortes en estas situaciones”, ya que “la falta de personal y recursos genera un clima propicio para incrementar el número de agresiones y que ciertas personas traspasen la barrera que nadie debiera traspasar”, y pide a la Junta “trabajar de un manera silenciosa y efectiva para minimizarlas”.

Por último, Olga Manzano ve “despreciable” que los grupos “aprovechen sus intervenciones para sacar rédito político”, y resalta que este tema “preocupa y ocupa a la Junta”.

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