Foto: Reuters

El juez Claudio Bonadio ha procesado formalmente a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner al considerarla la jefa de una “banda paraestatal” de corrupción para recaudar fondos ilegalmente como resultado de la conocida como ‘causa de los cuadernos’.

Para el juez, la investigación ha probado que se montó un aparato complejo desde el Estado, “una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales”, apunta el juez, según recoge la prensa argentina. Concretamente está acusada de dirigir una asociación ilícita, de ser coautora de recibir dádivas en 22 hechos y de cohecho pasivo en cinco hechos.

Al frente de esta red estaban “quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido)”.

El objetivo de esta estructura, activa entre los años 2003 y 2015 era “procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”, señala el juez.

En su resolución, el juez argumenta que en ese período existió un “pacto ilícito en daño de tercero” entre funcionarios y empresarios que hizo “funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba a los más humildes del pueblo sin cloacas, sin agua corriente”.

EMBARGOS MILLONARIOS Y PRISIÓN A LA ESPERA DEL DESAFUERO

La resolución, de 551 páginas, solicita prisión preventiva a expensas del desafuero que podría aprobar el Congreso, pero señala que antes de iniciar ese desafuero, esperará a que el procesamiento “se homologue por la Cámara federal de apelaciones”.

El texto incluye además un embargo por 4.000 millones de pesos (86,6 millones de euros) para Cristina Fernández y otro por la misma cantidad contra De Vido y al exsecretario coordinador Roberto Baratta, acusados de ser los organizadores de la asociación ilícita y de cohecho pasivo. En el caso del exministro de Planificación se le atribuyen cuatro hechos, mientras que a Baratta se le acusa de 90 hechos. También se ha pedido prisión preventiva para ambos.

En el caso de José López, exsecretario de Obras Públicas, aceptado como imputado colaborador, queda procesado como miembro de la asociación ilícita y cohecho pasivo, también con prisión preventiva y un embargo de 4.000 millones de pesos. También se incluye al exchófer de Baratta, Óscar Centeno, procesado como miembro de la asociación ilícita con la misma millonaria cifra de embargo y otorgada la libertad al ser el primer “arrepentido” del caso.

La larga lista de empresarios que terminaron procesados incluye a Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner, Carlos Mundin, Héctor Betnaza, Gerardo Ferreyra, Armando Loson, Sergio y Alberto Taselli, Néstor Otero, Aldo Roggio o Juan Chediack, entre otros, todos acusados de ser miembros de la asociación ilícita y dación de dádivas con un embargo cada uno de 4.000 millones de pesos.

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