Foto: REUTERS

La catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo, Carolina Martínez Moreno, lamenta el “trazo grueso” del debate público que se ha generado en relación al registro del sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS). Según esta experta, en términos legales y jurídicos, y dejando aparte connotaciones morales, los trabajadores sexuales, incluidas las prostitutas, no hacen nada ilegal. Por lo tanto, como trabajadores que son tienen derecho a crear un sindicato.

De esta forma, Martínez Moreno rechaza la identificación “grosera” que se hace en determinados foros entre trabajo sexual y trata o explotación. O entre trabajo sexual y proxenetismo, cuando se trata de cuestiones muy diferentes. “No todo trabajo sexual es explotación y trata, aunque estas, por desgracia, se den con mucha frecuencia; ni muchísimo menos es lo mismo ser trabajador o trabajadora sexual que proxeneta”, argumenta.

Así, ha indicado que muchos de los trabajos sexuales están absolutamente normalizados en la sociedad y en la economía. El ‘trabajo sexual’, explica, es mucho más que prostitución y engloba a los asalariados en sectores como pornografía, líneas eróticas, casas de masajes, clubs de striptease, alterne y asistencia sexual. No existe duda de que son trabajadores, ha indicado, porque incluso así lo sostiene la jurisprudencia española en varias sentencias, apunta.

En cuanto a la prostitución, tanto desde el lado de las mujeres como de los hombres que la ejercen, Martínez Moreno ha dicho que “como mucho” se trata de una actividad ‘alegal’, es decir, que no está regulada. Pero no es contraria a la ley, al contrario que el proxenetismo, que sí es una actividad ilícita y que incluso puede llegar a ser penalmente perseguible.

La jurisprudencia no sólo reconoce la legalidad de esos trabajos, sino que además también acepta la de las asociaciones que han creado la patronal del sector y que llevan funcionando años.

Por tanto, partiendo de la base de que son trabajadores, tienen todo el derecho, señala la catedrática de Derecho de Trabajo, a crear un sindicato, en base a ese derecho a la libertad sindical proclamado en la Constitución Española, reconocido internacionalmente y que desarrolla en España la ley orgánica de Libertad Sindical (LOLS).

La norma deja claro que son los trabajadores los titulares del derecho a fundar o extinguir un sindicato. Y este punto, advierte Martínez Moreno, es muy importante frente a quienes hablan de “error político” del Gobierno por haber registrado el sindicato OTRAS. “Eso es como reconocer frontalmente la injerencia del Ejecutivo en el ejercicio de una libertad pública”, señala.

La polémica sobre la constitución y organización del sindicato OTRAS comenzó el mes pasado, cuando fue publicada su inscripción en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 4 de agosto. A la decisión de legalizar el sindicato le llovieron las críticas, también por parte del partido que gobierna, el PSOE. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, explicó que no lo sabía llegó a decir que le habían colado ‘un gol por toda la escuadra’. Mientras, la directora general de Trabajo, Concepción Pascual, dimitió hace unos días por la polémica.

Desde el Ministerio han dicho que han puesto el caso en manos de la Abogacía del Estado para que explorar vías que permitan revertir la situación y declarar nula la resolución que legalizaba al sindicato. Mientras, la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla han interpuesto ante la sala de lo Social de la Audiencia Nacional una demanda contra la constitución del sindicato. En declaraciones afirmaron que el movimiento feminista es abolicionista y que la prostitución no puede ser normalizada ni legalizable porque es incompatible con la igualdad real. Dicen negarse a que se legalicen las organizaciones de proxenetas. El asunto está, por tanto, en los tribunales.

Preguntada sobre si ve motivos para que Concepción Pascual haya dimitido, Martínez Moreno entiende que no, al menos desde un punto de vista jurídico, dado que todo hace indicar que la constitución del sindicato OTRAS se realizó actuando “con corrección y estricto acomodo a las reglas y principios en esta materia”. Entiende que la dimisión no se produce porque haya hecho mal su trabajo, sino más bien por razones políticas, al estar en un Gobierno que “se declara de forma expresa militante activo de una corriente del feminismo que considera que todo trabajo sexual, desde luego la prostitución, es intolerable, execrable y perseguible”. Este punto de vista, advierte, es moral y no legal.

Por las razones antes expuestas, la de que el derecho de sindicarse sólo pertenece a los trabajadores, considera Martínez Moreno que no existe posibilidad de anular el registro por parte del Ministerio.

Los únicos que podrían anular el registro de OTRAS son los jueces en un asunto que esta catedrática de Derecho de Trabajo prevé que puede llegar incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pasando por el Tribunal Constitucional. “¿Con qué base jurídica se les puede denegar la posibilidad de crear y afiliarse a un sindicato, que es un derecho constitucional que tiene reconocido todo trabajador?”, es la pregunta a la que tendrán que dar respuesta los tribunales.

Ha habido rechazo judicial a la creación de algún sindicato, comenta la catedrática de la Universidad de Oviedo, pero han sido relativos a organizaciones promovidas de trabajadores de la Guardia Civil. La razón es que este colectivo tiene prohibido crear sindicatos tanto en la Constitución Española como en la ley de Libertad Sindical. Esta prohibición no existe para los ‘trabajadores sexuales’.

ABOLICIONISMO

Las declaraciones de las organizaciones que han recurrido ante la Audiencia Nacional el registro de OTRAS no son del agrado de Martínez Moreno, al entender que contienen “falacias e inexactitudes”. Por ejemplo, señala, dicen que el feminismo es abolicionista, algo que esta catedrática rebate. “Hay feminismos, en plural. Y no todas las corrientes que militan en el feminismo son abolicionistas, ni muchísimo menos”, ha replicado.

En cualquier caso, Martínez Moreno ha señalado que con estas declaraciones a Europa Press se refiere al aspecto jurídico-laboral del asunto, desde la perspectiva del ejercicio de un derecho fundamental y que no quiere mediar en el debate sobre la consideración y el tratamiento que merece el ejercicio de la prostitución.

No obstante, en alguna publicación de esta catedrática tras haber participado en unas jornadas académicas sobre prostitución, frente a quienes niegan la condición de trabajadores de quienes lo ejercen y alegan que no aporta valor alguno a la sociedad, Martínez Moreno si pregunta si esa gente considera lícitos y moralmente aceptables otros trabajos como los dedicados a la producción y venta de sustancias o productos como el tabaco o el alcohol, la fabricación de armas o ciertos medicamentos.

También se pregunta si esas personas que niegan el trabajo de la prostitución ven moralmente aceptable que muchas personas trabajadoras, con excesiva frecuencia mujeres, se encuentren en situaciones vejatorias, de explotación o vulnerabilidad y pobreza laboriosa. Ha puesto el ejemplo de las camareras de piso, las ‘kellys’.

Con todo lo dicho, Martínez Moreno señala que el rechazo a que los trabajadores del sector del sexo, incluidos los que ejercen la prostitución, puedan crear un sindicato puede ahondar, advierte, en la “estigmatición”, “encarnecimiento” y “rechazo social” que ya padece este colectivo.

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