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El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y la defensa del juez Pablo Llarena en la demanda civil presentada contra el magistrado del Tribunal Supremo en Bélgica tienen un mes para presentar por escrito sus argumentos sobre si la Justicia belga debe tratar el “fondo” del caso o solo su admisibilidad, un asunto que finalmente un juzgado de Bruselas resolverá de aquí a seis semanas.

Así lo ha indicado este martes la juez del Tribunal de primera instancia francófono de Bruselas tras constatar que no hay acuerdo entre las partes sobre el calendario a fijar para el proceso, ni sobre lo que debe ser juzgado.

En un primer intercambio de escritos, la defensa de Llarena, de la que también es partes el Estado español, solicitó un calendario para discutir únicamente sobre la “admisibilidad” del caso

La acusación de Puigdemont y del resto de políticos catalanes huidos, por su parte, considera que la “admisibilidad” y el “fondo” de la demanda son cuestiones indivisibles y rechaza que sean tratadas por separado.

Así las cosas, las partes tienen ahora un plazo máximo de un mes para remitir al juzgado sus argumentos sobre el calendario del proceso y las cuestiones que creen deben juzgarse en el mismo. El juzgado –con un único juez– tendrá dos semanas más para tomar una decisión, que será trasladada a las partes por escrito.

Será a partir de entonces cuando una sala de tres jueces asuma el caso y se fijen las audiencias para las alegaciones, “entre febrero y marzo”, según cálculos de la defensa del magistrado español.

“Por el buen funcionamiento de la Justicia, hay que decidir primero si la jurisdicción belga tiene el poder jurisdiccional antes de emprender el debate sobre el fondo”, ha declarado a la prensa al término de la vista el abogado belga de Llarena, Hakim Boularbah.

Así ha recalcado que España “solo puede pronunciarse sobre la jurisdicción, por que si no, renuncia a su inmunidad de jurisdicción al participar en un debate de fondo”. España “no puede, ni debe”, tomar posición sobre el fondo, ha insistido, para después confiar en que el juez les dé la razón porque, ha añadido, “es lo que implican las reglas del Derecho”.

La acusación, por su parte, ha defendido que la Justicia belga “sí es competente” para dirimir si el juez Llarena vulneró los derechos de Puigdemont y de los exconsellers huidos con él a Bélgica por unas declaraciones en una conferencia en Oviedo.

“No se está enjuiciando a un magistrado del Tribunal Supremo, sino a un señor que se llama Pablo Llarena, que hizo unas manifestaciones privadas, fuera del ámbito de jurisdicción y que afectan directamente a la actividad jurisdiccional que estaba teniendo”, ha resumido el abogado de los demandantes Gonzalo Boye.

TRES JUECES PARA UN FALLO QUE NO SERÁ RECURRIBLE

Ha sido en la vista de este martes cuando se ha confirmado que el caso pasará a una sala de tres jueces, tal y como solicitó la defensa de Llarena y ha aceptado el presidente del Tribunal, sin oposición de la otra parte.

Este factor ha sido celebrado por las dos partes como un elemento de mayor garantía en un caso “complejo” como éste, y tiene especial relevancia dado que el fallo que pronuncie la sala de tres jueces no será recurrible, según han explicado a Europa Press fuentes jurídicas.

Ello se debe a que en su demanda, Puigdemont y el resto de políticos catalanes huidos de la justicia española que denuncian a Llarena han solicitado “un euro simbólico” como compensación por el presunto dolo causado y que la Justicia belga establece en el caso de los tribunales civiles sólo son recurribles decisiones que acarreen una indemnización mínima de 1.860 euros.

Una vez el juzgado acote el calendario y la cuestión a juzgar, el caso pasará a la Sala 75 del Tribunal de primera instancia, sala compuesta de tres meses, y se iniciará el intercambio de argumentos por escrito, de cara a celebrar una vista oral, probablemente entre febrero y marzo.

La media en Bruselas para los procedimientos civiles es de un año y medio, aunque la “presión política y mediática internacional” sobre este caso hace pensar que podrían acortarse algo los plazos, según varios expertos en Derecho Civil consultados por Europa Press.

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