El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido este jueves por unanimidad denegar la petición realizada por la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell de suspender su situación de prisión provisional acordada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y confirmada posteriormente por la Sala de lo Penal del mismo tribunal.

El tribunal de garantías explica en un auto que la suspensión cautelar de una resolución impugnada en amparo es una “medida provisional de carácter absolutamente excepcional y de aplicación restrictiva”.

Forcadell acudió al Tribunal Constitucional al entender que diversas decisiones del Tribunal Supremo vulneran su derecho al juez imparcial, el derecho a la libertad, a la defensa, a un proceso con todas las garantías y al derecho a la doble instancia penal.

“LESIÓN IRREVERSIBLE”

Asimismo destacó que desde que ingresó en prisión se ha ocasionado una “lesión irreversible” a su vida familiar y que esto podía ser evitado a través de medidas cautelares “menos lesivas”. El juez Llarena acordó su ingresó en prisión, y la de otros investigados, el pasado 23 marzo tras su procesamiento por rebelión, una decisión que fue confirmada el 17 de mayo por la Sala.

Ante esto, el tribunal afirma que acceder a la libertad provisional de Forcadell equivaldría al “otorgamiento anticipado” del amparo solicitado en otro recurso presentado, a principios de septiembre, contra la decisión de Llarena de rechazar de plano su recusación al considerarle imparcial para investigarla por rebelión.

“La doctrina constitucional ha establecido de forma constante e indubitada, en relación con la posibilidad de acordar la suspensión de decisiones judiciales donde se acuerdan medidas cautelares privativas de libertad, que (…) su suspensión equivaldría a un otorgamiento anticipado del amparo solicitado”.

El Tribunal Constitucional también rechazó en mayo dejar en libertad al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y al expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez mientras resolvía sobre el fondo de sus recursos de amparo presentado contra las prisiones preventivas ordenadas por el Tribunal Supremo.

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