Foto: Reuters

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, ha advertido este lunes de que Estados Unidos podría imponer sanciones a cargos del Tribunal Penal Internacional (TPI) si continúa con su investigación de presuntos crímenes de guerra perpetrados por Estados Unidos en Afganistán.

“Estados Unidos empleará cualquier medio que considere necesario para proteger a nuestros ciudadanos y a los de nuestros aliados de un procesamiento injusto en este tribunal ilegítimo”, ha afirmado Bolton durante un discurso pronunciado durante un acto de la conservadora Sociedad Federalista celebrado en un hotel de Washington recogido por la prensa estadounidense.

Bolton ha afirmado que el TPI supone una amenaza para la soberanía de Estados Unidos, es ineficaz para perseguir crímenes de guerra y a menudo actúa contra aliados estadounidense, como Israel. “Estados Unidos siempre estará junto a Israel, nuestro amigo y aliado. No vamos a tolerar que el TPI ni ninguna otra organización limite el derecho de Israel a la autodefensa”, ha argumentado.

Los medios estadounidenses han destacado que este discurso supone la puesta de largo de Bolton como alto cargo de la Administración Trump, ya que desde que en abril asumió su cargo ha mantenido un perfil bajo.

Bolton fue el encargado de gestionar a principios de siglo la relación de Estados Unidos con el TPI y hoy ha asegurado que conseguir que Washington quedara fuera del Tratado de Roma constitutivo del tribunal “sigue siendo uno de mis logros más importantes”. Además, ha argumentado que esta postura contra el TPI encaja con la tesis de Trump de “anteponer a todo” los intereses de los estadounidenses.

“DEJEMOS QUE EL TPI MUERA”

“No vamos a cooperar con el TPI, no vamos a colaborar con el TPI y desde luego no vamos a unirnos al TPI”, ha espetado Bolton entre los aplausos de la audiencia. “Dejemos que el TPI muera por sí mismo. Después de todo, el TPI está a todos los efectos muerto para nosotros”, ha apuntado.

“Esta Administración contraatacará para proteger el constitucionalismo americano, nuestra soberanía y a nuestros ciudadanos. Ningún comité de países extranjeros nos dirá como gobernarnos ni cómo defender nuestra libertad”, ha apostillado.

En noviembre la fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, abrió una investigación por presuntos “crímenes contra la humanidad” cometidos por el Ejército estadounidense en Afganistán. Bolton ha apuntado que si la investigación sigue adelante, Estados Unidos prohibirá a todos los jueces y fiscales del TPI la entrada en el país, bloqueará los fondos que tengan en el sistema financiero estadounidense y estudiará presentar cargos penales contra ellos.

Además, Bolton ha apuntado la posibilidad de firmar “acuerdos bilaterales vinculantes” para impedir que otros países entreguen a estadounidenses al TPI y ha destacado que ya hay un centenar de acuerdos de este tipo en vigor. Estados Unidos revisaría además la ayuda a países que participen en el TPI.

Desde Human Rights Watch han advertido de que las críticas y amenazas de Bolton podrían deparar un mayor aislamiento de Estados Unidos a nivel internacional. “Las amenazas de John Bolton demuestran un desprecio cruel para con las víctimas de crímenes atroces. La Administración Trump dice defender la rendición de cuentas por los graves abusos, pero socavar el TPI solo supone desperdiciar las oportunidades de que se haga justicia”, ha señalado la subdirectora de Justicia Internacional de HRW, Liz Evenson, en declaraciones al portal político estadounidense TheHill.com.

El TPI nace tras años de tensas discusiones el 17 de julio de 1998 con el Estatuto de Roma y comienza su andadura el 1 de julio de 2002 con el mandato de juzgar a los responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.

Actualmente cuenta con 123 miembros sobre los que despliega su jurisdicción, si bien es posible que actúe en países que sin ser miembros se lo permitan y, en todo caso, por mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

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