Vox ha presentado este jueves por la tarde una querella criminal ante un juzgado de guardia de Barcelona contra el exconseller de Interior Joaquim Forn y la cúpula de Mossos durante el 17A, por presunto “caso omiso a los avisos de posibles atentados” en Catalunya, a recomendaciones de protección en espacios públicos, y por la gestión posterior de los hechos.

En un comunicado, recuerda que en septiembre de 2017 ya presentó la querella en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), pero “recientemente este tribunal consideró que los hechos tendrían que investigarse en un juzgado de instrucción” porque Forn fue cesado como conseller y renunció a ser diputado del Parlament.

Se querellan contra Forn y otras personas que ocupaban cargos en el cuerpo: Pere Soler, director de Mossos; Josep Lluís Trapero, mayor; Ferran López, jefe de la Comisaría Superior Territorial; Joan Carles Molinero, jefe de la Comisaría de Coordinación Central; Emilio Quevedo, jefe de la Comisaría de Planificación de la Seguridad, y Manel Castellví, jefe de la Comisaría de Información, según un comunicado de VOX.

PRESUNTOS DELITOS

El partido alega presuntos delitos de abandono de un servicio público (artículo 409 del Código Penal), desobediencia y denegación de auxilio (410.1 y 412, apartados 1 y 2) y prevaricación por omisión (404).

La querella presenta “documentación publicada por diversos medios de comunicación”, entre los que VOX destaca que un informe del Ministerio de Interior del 20 de diciembre de 2016 alertaba del riesgo de atentado por atropellamiento masivo en lugares concurridos, por lo que recomendaba grandes maceteros y bolardos.

También se constata un informe de la CIA que “conocían los querellados” y alertaba del inminente riesgo de atentado en La Rambla; informaciones sobre la gestión de Mossos tras la explosión de Alcanar y sus presuntos impedimentos para que Guardia Civil y Policía Nacional accedieran.

El vicesecretario jurídico de VOX, Pedro Fernández, ha afirmado que los querellados no adoptaron las medidas de seguridad necesarias para impedir los atentados y “de ese modo, poder atribuir después la responsabilidad de los mismos a España y a los españoles”.

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