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Magistrados del Tribunal Supremo han acogido con estupor la decisión del Ministerio de Justicia de no asumir la defensa del instructor de la causa del ‘procés’ en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, por lo que este departamento ha denominado “actos privados que se le atribuyen” en relación con la demanda civil que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros han planteado contra él ante un juez belga.

Consideran que los investigados buscan hacer daño personal al magistrado y no sólo desacreditar el proceso y que Justicia ha caído en la estrategia de éstos, dejando “vendido” a Llarena, que ahora tendrá que pagar un abogado de su bolsillo que le costará miles de euros.

Según han manifestado a Europa Press fuentes de este órgano, a Llarena se le ha demandado ante el juez belga por ser instructor de la causa del proceso independentista en Cataluña y no por otra cosa, si bien para conseguir sus fines las defensas de Puigdemont y sus consejeros buscaron unas manifestaciones del magistrado en un acto público que les permitieran decir que es demandado por actos “privados”.

Justicia aclaró este jueves en un comunicado público que no se trata de defender personalmente al juez en alusión a parte del contenido de la demanda de Puigdemont que señala que Llarena no es imparcial por unas manifestaciones que habría realizado tras asistir a una conferencia en Oviedo el pasado mes de febrero. En dicho acto señaló que en la causa por el ‘procés’ independentista en Cataluña “no hay presos políticos”.

EL GOBIERNO CAE EN LA ESTRATEGIA DE PUIGDEMONT

Para las fuentes consultadas, todo ello no es sino una parte de la estrategia de los investigados para que su “intención dañina” pueda ser viable, pues no podrían cuestionar ante la justicia belga las actuaciones jurisdicionales de Llarena.

Lo malo, añaden, es que con su decisión de distinguir entre defensa de la soberanía del poder judicial español y actos de Llarena el Gobierno ya ha “caído en su estrategia”, pues renuncia a defenderle aceptando la demanda en el punto de que es por un acto privado.

La conclusión de todo ello es que si Llarena se quiere defender –pese a haber obtenido el amparo del Consejo General del Poder Judicial (CGP)–, esta misma semana tendrá que asumir el pago de un abogado que le costará miles de euros de su bolsillo, ya que si no lo hace quedará “vendido” a lo que resulte en Bélgica.

Por su parte la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) a la que pertenece Llarena, ha mostrado también su más rotunda oposición a la decisión del departamento de Dolores Delgado y le ha reclamado que defienda a Llarena y a la soberanía española “sin reservas” y sin dichas “hipotéticas cautelas”.

El Estado español, según informó Justicia, se personará ante la Justicia de Bélgica en defensa de la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles “si, en el momento de admitir a trámite la demanda presentada por el ex presidente y cuatro ex consejeros de la Generalitat contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, la autoridad judicial belga menciona siquiera entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal abierta en España contra ellos”.

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