El informe conocido este jueves sobre el presunto fraude fiscal de más de 65 millones en las empresas del Grupo Cursach incluye una conversación intervenida entre el exdirector general, Bartolomé Sbert, y el actual responsable, Miguel Pérez Marsá, en el que el primero le indicaba que estuvieran “atentos” y “en alerta” después de que la Agencia Tributaria y la Policía realizaran una operación en las discotecas Pachá y Ushuaia de Ibiza.

La conversación telefónica se produjo a raíz de una operación contra el fraude fiscal realizada en septiembre de 2016 en la que se practicó la entrada y registro en las dos discotecas y en las oficinas del grupo turístico de Abel Matutes en la isla pitiusa.

En la conversación intervenida, que tuvo lugar el mismo día de la operación, Pérez Marsá -entonces director financiero- contaba a Sbert que un contacto suyo le había informado de que los inspectores en Ibiza estaban trabajando “como si no hubiese pasado nada”.

El contacto al que alude Pérez Marsá en este diálogo aparece en otras conversaciones intervenidas por la Policía, sin concretar si era trabajador de Hacienda o no.

Además, Pérez Marsá le anunciaba que la semana siguiente había quedado para comer con un jefe de Inspección y le preguntaría por el tema. A esto, Sbert le contestó que “simplemente nada, atentos y en estado de alerta como siempre”.

El otro contacto del directivo aparece en una conversación en la que Sbert pregunta a Pérez Marsá si sabe algo de una inspección de Hacienda en Tito’s, a lo que su interlocutor le contesta que ha hablado con su contacto y que éste había llamado a Hacienda, donde le habían indicado que ya estaba “todo terminado”.

El informe del Grupo de Blanqueo recoge igualmente una llamada de Pérez Marsá a Sbert a las seis de la mañana en la que le avisa que su contacto le ha llamado informándole de que “está la Agencia Tributaria en BCM”. Por ello, la Policía apunta que esta persona “conocía información ‘in situ’ de los movimientos que realizaba Hacienda’ y que mantenía una “fuerte amistad” con el director financiero de Cursach.

De hecho, el informe también incluye una conversación entre Sbert y el propietario del Grupo, Bartolomé Cursach, en la que el empresario plantea que Pérez consiga “que un amigo suyo de Inspección de Hacienda” le dé “un empujón” a un asunto que tenían en marcha. Le dijo que hiciera “lo que tenga que hacer”.

En las conclusiones del informe la Policía se plantea por qué en todos los años de vida del Grupo en ningún momento se haya investigado o no se haya “podido demostrar que trabajase en dinero B o negro”.

En este contexto, recalca que no hay que olvidar “el poder, tanto a nivel económico como social” del Grupo, por lo que “es de esperar que las cuentas financieras presentadas por el ejército de personas especializadas” en finanzas y contabilidades y asesores que prestan servicio a la empresa fueran “de una exquisitez extrema”.

El informe también recuerda que, como se recoge en otras piezas del caso, la organización “se introducía en los organismos oficiales que le resultaban útiles para realizar sus actividades sin estorbo, coaccionando cuando no podía comprar a aquellos funcionarios que no se plegaban a sus intereses”.

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