En esta crónica voy a abordar un tema que está en boca de todos, como es la nueva propuesta de reforma de la configuración de los delitos sexuales en el Código Penal, recientemente anunciada por la Ministra de Igualdad.

Uno de los puntos más controvertidos de dicha reforma tiene que ver con el “consentimiento”, un tema que, sin embargo, se da en muchos ámbitos del derecho y no solo en el Penal.

En nuestro Código Civil, por ejemplo, se recogen una serie de artículos que llevan a los jueces a aplicar reglas de interpretación cuando tienen ante sí la complicada tarea de averiguar cuál es la intención real de las partes en un momento concreto (obligaciones o contratos es la materia más común), y entre ellas hay herramientas para valorar si el consentimiento se prestó o no válidamente.

No voy a intentar resumir en unas pocas líneas un debate sobre el que han corrido ríos de tinta pero sí puedo decirles que entre esas reglas están analizar el sentido de las palabras (literal o intencional); aplicar presunciones; considerar los actos concretos y la manera de comportarse de las partes e incluso, el valorar cómo esas partes han actuado antes, durante y después de que se produjeran los actos que han generado la polémica.

Acudir a este último factor (actos posteriores) puede tener sentido si hablamos de un contrato pero es algo que debería evitarse cuando hablamos de delitos y más cuando son tan execrables como los sexuales. Estudiar un comportamiento a posteriori implica que algo ha pasado ya, y si no ha sido consentido el Juez podrá condenar al culpable pero no evitar o anticiparse al sufrimiento de una víctima inocente.

Pero la teoría es una cosa y la práctica otra bien distinta: La reforma propuesta pretende inspirarse en otros ordenamientos europeos, pero como bien advirtió el destacado penalista Jaime Campaner, es muy peligroso legislar “a golpe de telediario”, y esa precipitación puede llevar a más dilemas que soluciones.

En todo este asunto la pregunta clave es ¿qué pasa con el silencio? Pues puedo decirles que desde las antiguas Partidas de Alfonso X, ahí por el lejano siglo XIII, se viene discutiendo desde el punto de vista jurídico el conocido dicho “quien calla otorga”, concepción que ha evolucionado y con criterios dispares.

A día de hoy, y siempre con matizaciones, la postura más pacífica es que quien calla no otorga, salvo que esa persona calle cuando tenía la oportunidad de haber dado una explicación lógica y no lo hace.

La reforma pretende evitar que pueda opinarse o dudarse de la inocencia o culpabilidad, como ha ocurrido en el reciente caso de “La Manada”. Se aspira a fijar un criterio; que solo un “sí expreso” es válido y efectivamente, ello conduciría  a que el Juez no tendría opción: Sin ese “si” (aunque haya dudas) debe condenar, lo que choca frontalmente con el pilar de la presunción de inocencia.

Partiendo del principio de que lo principal es la protección de la víctima (algo indudable y en lo que no hay jurista que discrepe) también hay que aprender de errores del pasado y evitar una reforma apresurada que lleve a un aluvión de denuncias oportunistas donde algún inocente pueda ser procesado y condenado. Una lamentable situación que ningún Estado de Derecho como el nuestro puede permitirse.

El mero anuncio de esa reforma ha hecho bullir las redes sociales donde se han podido leer propuesta, formularios y modelos para todos los gustos, la mayoría muy poco serios y que evidencian lo difícil que será concienciar a la gente en este tema.

Así pues, solo cabe esperar del Gobierno que actúe con cautela en un tema tan delicado y sopese con detenimiento los pros y contras de esa reforma; porque hacerlo con prisas y “de cara a la galería” puede acabar creando más problemas (y muy graves, por cierto) que los que pretende enmendar.

 

Pedro A. Munar Rosselló

Es abogado en ejercicio por el Ilustre Colegio de Abogados de Baleares desde el año 2006 así como Administrador de Fincas colegiado desde 2004.

Munar es socio y fundador del bufete Balear Abogados, en el que desarrolla su actividad profesional que compagina como asesor en la Administración Pública y en la docencia siendo tutor del Master de la Abogacía de la Universidad Balear

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