Pedro A Munar

Nuestra Constitución deja bien claro en su artículo 117 que es tarea exclusiva de los jueces “juzgar y ejecutar lo juzgado”, algo sencillo de decir pero no de llevar a la práctica.

Ser juez no es tarea fácil y si en algún momento resulta especialmente difícil ejercer como tal es cuando entre las partes en conflicto existen sentimientos y rencores que vienen de lejos y no pueden superarse.

En casos así, es habitual que los implicados no escuchen siquiera a sus abogados y que busquen consejo en uno u otro hasta que alguien les dice lo que quieren escuchar y de ahí, no se mueven.

Y, no lo duden, esa es la peor opción.

Situaciones de este tipo suceden a diario en los casos de violencia machista que se dirimen en un juzgado especial denominado de Violencia sobre la Mujer.

Soy firme defensor de estos Juzgados, que hacen posible que la parte teóricamente más débil (la mujer) pueda contar con una protección y una atención específica cuando la necesita.

Pero por la misma razón soy muy crítico cuando del uso se pasa al abuso, intentando sacar rédito en falso de la mera condición de género y eso ocurre en algunas ocasiones, dando lugar a casos complejos que nunca acaban bien.

Ha sido, por ejemplo, el mediático caso del futbolista Rubén Castro, absuelto por la Audiencia Provincial de Sevilla de la acusación de malos tratos, que no creyó el relato de su ex pareja y tampoco dio valor alguno a las declaraciones de unos testigos que “declaraban de oídas”, esto es, sin conocer directamente de lo ocurrido sino por lo que había oído a terceros –hecho “que mal puede suplir una prueba objetiva”, como bien señala la propia sentencia la Sentencia-.

No es de descartar que se inviertan los papeles y la hasta ahora denunciante tenga que defenderse de una acusación de denuncia falsa o simulación de delito.

En mi experiencia reciente –y con menores de por medio- he podido comprobar  como una parte se cegaba por completo y cargaba contra su ex pareja sin querer entender que la prioridad del sistema judicial es defender a los menores, antes que los intereses de sus padres ya que estos, frecuentemente, usan a los hijos como instrumentos de venganza.

Me consta que en este caso el Juez fue especialmente prudente y atento con mi cliente, dándole muchas oportunidades de enmendar una postura equivocada, hasta que se vio obligado -y entiendo que incluso muy a su pesar-, a “ejecutar lo juzgado”.

Esa ceguera “irracional” hizo que desoyera tanto a sus familiares como a los múltiples abogados que le aconsejaron sobre lo que debía hacer. Por el contrario, buscó el respaldo de determinadas personas que apoyaban su propia postura y que han acabado por conducirle a una delicada posición de la que espero sea capaz de salir, aunque lo dudo.

No hablaré en esta crónica del caso de “La Manada”, entre otras cosas porque, pese a los muchos años que llevo ejerciendo, para poder opinar en un caso así es necesario profundizar primero en el extenso sumario y no dejarse llevar por una presión mediática que de forma constante enmaraña la labor judicial.

Quería concluir hablando de un supuesto caso de violación acaecido recientemente en Ibiza.

En esa ocasión, y de forma incomprensible, el fiscal solicitó para los acusados pena de prisión provisional sin siquiera atender, ni querer ver, las pruebas; concretamente, un video grabado y reconocido por ambas partes en que quedaba claro que no había existido el delito.

Por fortuna, el juez accedió a la petición de la defensa y, tras visionar ese video por el que el fiscal no mostró el más mínimo interés, juzgó como debía.

Quería con todo lo expuesto, explicarles que juzgar no es tarea fácil y que las cosas no son, la mayoría de veces, “como parecen ser” a primera vista. Ello debería llevarnos a no juzgar –y menos condenar-de antemano y sin conocer las dos caras de la moneda o guiados por las opiniones de otros que no tienen fundamento alguno.

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