EP

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga los hechos relacionados con la deriva independentista en Cataluña, Pablo Llarena, ha negado este martes “categóricamente” que exista una Justicia politizada en España y ha calificado de “injustas” las conclusiones sobre una politización en la carrera judicial.

Así se ha expresado el magistrado del alto tribunal durante su participación en la mesa redonda ‘Pasado y presente del asociacionismo judicial’ de los cursos de verano de El Escorial, donde ha insistido en que “jamás” ha visto a los jueces trabajar comprometidos en su independencia. “No creo que el poder judicial sea correa de transmisión de ninguna idea política”, ha apuntado.

Llarena ha recordado que durante su etapa como presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona no solo no le preguntaron por su ideología política sino que tampoco ha influido en el trabajo de sus compañeros de profesión. “A ninguno se le ha dado indicaciones sobre cómo tiene que hacer su mandato”, ha dicho el magistrado que ha procesado a 25 personas en la causa del ‘procés’ por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

Preguntado durante la mesa redonda por esta causa, el magistrado ha respondido que se trata de un procedimiento que ya no está en sus manos en tanto él ha terminado la instrucción del mismo y que ahora es la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la encargada de reflexionar sobre el material que aporten acusaciones y defensas y llegar a la “conclusión” que estimen oportuna.

DEFENSA DE LAS ASOCIACIONES DE JUECES

En lo que respecta a las asociaciones de magistrados, Llarena ha asegurado que su existencia es “necesaria” y que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) a la que pertenece, defiende una ideología concreta en beneficio de la Justicia en general, lo cual no quiere decir que esté politizada porque no funcionan en base a motivos politicos.

El juez ha mostrado su malestar porque otros compañeros de la carrera judicial se atribuyen una “legitimidad superior” frente a los que pertenecen a alguna de las cuatro asociaciones de magistrados que existen en España. ¿Y tú que has hecho por mi y por el resto de españoles para mejorar la justicia? Porque ahora va a resultar que los que están en el movimiento asociativo son los malos”, ha cuestionado.

Al hilo ha apuntado que la idea de que las asociaciones son una “perversión” para la politización de la Justicia parte de dos cuestiones; por un lado del sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y por otro lado del nombramiento de jueces.

RESPONSABILIDAD FRENTE AL CORPORATIVISMO

Respecto al primero de los puntos, Llarena ha asegurado que lo “ideal” sería que doce de los 20 vocales que integran el Pleno del CGPJ fueran elegidos por miembros de la carrera judicial y no por el Congreso de los Diputados y el Senado como ocurre en la actualidad, aunque ha advertido que, de producirse esta modificación, los jueces tendrían que comportarse con “extraordinaria responsabilidad” para evitar corporativismo en su órgano de gobierno.

Y, sobre el otro punto, el magistrado considera que la ciudadanía tiene la percepción de que las designaciones de los magistados están politizadas en parte debido a las críticas del sistema, de ahí que haya pedido que las valoraciones se hagan “en su justa medida”. Con todo ha dicho que personalmente no considera que los nombramientos se produzcan por tintes políticos.

Además del magistrado del Tribunal Supremo, también han participado en la mesa redonda el portavoz de la APM, Celso Rodríguez; la presidenta de la Sección Territorial de Madrid de la APM, María Jesús del Barco Martínez y el vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional Ramón Rodríguez Arribas.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.