Los principales sindicatos de la Policía Nacional han advertido este lunes al Ministerio del Interior de la existencia de “riesgo de desbordamiento” en los centros de internamiento de inmigrantes si persisten la tendencia creciente de llegada de pateras a las costas españolas.

En un comunicado conjunto suscrito por SUP, CEP, UFP y SPP, los sindicatos se han referido a unas recientes declaraciones del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en las que negaba “colapso” migratorio. Según dijo el ministro desde Algeciras (Cádiz), se está produciendo una “situación absolutamente excepcional y extraordinaria” con la llegada de cientos de migrantes pero la situación está “absolutamente controlada y controlable”.

Para los sindicatos policiales, esta afirmación, “cuanto menos, resulta cuestionable”. “Al margen de que así lo acrediten las cifras de ocupación, que superan con creces la capacidad máxima de acogida, una visita a esos centros le haría ver al titular del departamento que no sólo hay colapso, sino que, además, el riesgo de desbordamiento, de continuar las actuales cifras de llegada de embarcaciones, es inminente”, han alertado.

Los cuatro sindicatos mayoritarios en el Cuerpo han remitido una carta al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, en la que reclaman mejores condiciones para los efectivos destinados en la zona de Campo de Gibraltar que son quienes hacen frente “al ingente” trabajo provocado por la llegada masiva de inmigrantes, entre otras, que tengan las mismas condiciones que los efectivos de la Guardia Civil.

Así, en la misiva, exigen al director de la Policía una mayor apuesta “por el refuerzo real de las plantillas que soportan esta carga laboral”, la asignación de “suficientes recursos económicos”, que se dote a los agentes de los medios materiales adecuados y que tenga presente la necesidad de incrementar el número de recompensas y condecoraciones para reconocer el “excelente” trabajo que se realiza en todas las áreas policiales.

Igualmente, trasladan a Francisco Pardo la “inquietud” generada en el Cuerpo ante el hecho de que el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar elaborado por el Ministerio de Interior no contemple la mejora de las condiciones retributivas específicas –productividad funcional o territorialidad– de los policías nacionales destinados en las comisarías locales de esta zona y denuncian la discriminación respecto a los agentes de la Guardia Civil en cuanto la retribución y condiciones para la provisión de plazas vacantes.

Una desigualdad “a todas luces injusta” ya que se “perjudican” los intereses de los agentes de la Policía Nacional respecto a los de la Guardia Civil y que, según recalcan, requiere “de manera urgente” una modificación para que se contemple la indemnización a quienes finalmente contribuyan a reforzar las plantillas de las comisarías de La Línea de la Concepción y Algeciras.

“Le solicitamos traslade al ministro esta reclamación que consideramos es perfectamente compatible con el desplazamiento de Unidades desde los servicios centrales (comisiones de servicio) y, en cualquier caso, le instamos a que la Dirección General de Policía apueste siempre por el Concurso General de Méritos para hacer frente a estas necesidades de personal y no por la ATF o comisiones de servicio”, piden los sindicatos.

DINERO DESTINADO A ATENCIÓN A MIGRANTES

Por su parte, el sindicato ASP (Alternativa Sindical de Policía) ha criticado que la partida anunciada por el Gobierno por valor de 3,5 millones de euros en varios contratos de emergencia para atender a los inmigrantes que lleguen a las costas en la medida en que los fondos presupuestados proceden de la Secretaría de Estado de Seguridad.

En un comunicado, ha censurado que estos fondos se sustraigan de la Dirección General de la Policía, mientras que a los policías “se le niegan sistemáticamente cuantías económicas para la mejora de la dotación profesional-personal”.

Desde el sindicato han subrayado que los fondos “deberían ser detraídos” de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales e Igualdad porque entre sus funciones está “desarrollar las políticas del Gobierno en materia de igualdad, prevención y eliminación de toda clase de discriminación”.

Además, ha apuntado que “la solidaridad ha de partir de todos” los niveles del Estado, no sólo el nacional, incluyendo así a las Comunidades Autónomas y los Entes Locales.

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