Un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional acusa al Grupo Cursach de defraudar al menos 51 millones de euros a Hacienda y otros 14,7 millones a la Seguridad Social entre 2010 y 2016.

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, fue entregado la semana pasada al Juzgado y acusa de participar en este fraude a 18 personas, entre ellas el propietario del Grupo, Bartolomé Cursach; el ex director general, Bartolomé Sbert; y el actual director general, Miguel Pérez Marsá.

En las conclusiones de este documento, la Policía solicita al juez que, si lo considera oportuno, emita una orden de detención contra ellos por delitos de fraude fiscal y defraudación a la Seguridad Social. Igualmente, nombra a otros seis empleados a quienes propone tomar declaración como investigados no detenidos.

Según la Policía, el Grupo cometió este fraude no declarando los beneficios reales de sus empresas y mediante la contratación irregular de parte de sus trabajadores -con lo que se evitaba el pago de impuestos y cargas sociales que corresponderían-.

A lo largo de unas 400 páginas el informe analiza los documentos localizados en los distintos establecimientos y los cruza con conversaciones y mensajes intervenidos y las cifras oficialmente declaradas.

Por ejemplo, recoge una conversación entre Cursach y Pérez Marsá -como responsable financiero del Grupo en 2015-, en la que hablan “de forma directa y natural” del hecho de que una de sus sociedades había ganado realmente 14 millones de euros cuando hacían constar 5 millones fiscalmente.

El Grupo de Blanqueo ha detectado irregularidades en las discotecas Tito’s, BCM, Paradise, Megarena, Riu Palace y Megapark y en el Restaurante Asadito. De las cantidades defraudadas a Hacienda, la mayor parte corresponde a BCM (20,6 millones) y a Megapark (19 millones); sin embargo, llama la atención que la cantidad presuntamente defraudada en BCM corresponde a un único ejercicio mientras que la de Megapark se refiere a varias anualidades.

La Policía estima que el dinero generado ‘en B’ ronda las dos terceras partes de la recaudación real de las empresas.

UN “SISTEMA PERFECTAMENTE ORQUESTADO”

Los investigadores describen en el informe “un sistema de defraudación perfectamente orquestado por sus responsables” y “conocido al menos por todos los trabajadores que disponían de cierta capacidad” en apartados como el control de los empleados y el pago diario de sueldos, contrataciones, acceso y control de las recaudaciones o la venta y reparto de tíquets.

La Policía sostiene que la organización “trabajaba de forma habitual y a gran escala con dinero no declarado, hablando de ello de forma habitual, abierta y sin ningún tipo de cortapisa o disimulo”. Los investigadores mantienen que éste era el “sistema habitual de gestión de todas las empresas del grupo”.

Además, la Policía subraya que este sistema “sólo ha sufrido ligeras variaciones” tras el inicio de las investigaciones.

Los investigadores sospechan que el dinero defraudado servía para “engrasar la maquinaria administrativa corrupta y parasitaria que se ha ido sacando a la luz” en el transcurso de la instrucción de la macrocausa.

Este dinero habría sido utilizado “durante décadas” para “la compra de voluntades” con el objetivo de permitir mantener abiertos sin licencia los establecimientos, realizar obras ilegales “sin ningún tipo de cortapisa”, evitar o reducir sanciones y “tener a sueldo funcionarios de diversas administraciones y estamentos”, señala el informe.

LA CIFRA DEFRAUDADA PODRÍA SER SUPERIOR

La cifra presuntamente defraudada, de más de 65 millones de euros, corresponde a los años en los que se ha encontrado algún documento que permitiese comparar las cantidades declaradas, por lo que el fraude podría ser superior.

De hecho, los investigadores advierten que esta cantidad supone “una ínfima parte de lo defraudado en la totalidad de las sociedades del grupo”. Según el Grupo de Blanqueo, el “hábito adquirido” por las empresas de Cursach “puede remontarse hasta los inicios de la creación del Grupo” y eso daría lugar a “cifras mucho más elevadas”.

PAGOS EXTRA EN NEGRO A TRABAJADORES

El informe policial también recoge conversaciones que evidencian el pago en negro a trabajadores. Por ejemplo, se incluye el caso de un camarero que al margen de sus nóminas oficiales recibía 200 euros en un sobre extra sin declarar.

Un testigo que ocupó un cargo de responsabilidad en una de las empresas del Grupo confirmó estos hechos en la causa. Explicó a los investigadores que en la oficina de la discoteca en la que trabajaba existía una caja fuerte donde se separaba “el dinero que oficialmente queda en la caja legal del dinero que se retira a cada camarero de su historial de tíquets”.

Según indicó, de vez en cuando otro trabajador llevaba este dinero a las oficinas en Palma y llegaba a transportar en una mochila hasta medio millón de euros, acompañado de una persona corpulenta que ejerciera como guardaespaldas.

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