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El catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos Enrique Álvarez Conde ha trasmitido al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid que no tiene los trabajos que realizó el presidente del PP, Pablo Casado, en el máster que cursó en el Instituto de Derecho Público adscrito a esta universidad, ni de ninguno de los otros alumnos.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la representación legal del tutor del máster del dirigente popular detalla que, salvo “error, “no conserva en su poder ningún trabajo ni ninguna otra documentación de don Pablo Casado”, así como de las otras tres alumnas de estos estudios de postgrado citadas como investigadas el próximo 2 de agosto.

Alude así a María Mateo Feito, hija de la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito, a la que una de las profesoras investigadas en el máster Cecilia Rosado acusa de presionarla para que comunicara al rector Javier Ramos que la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes dijera que había defendido el Trabajo de Fin de Máster de 2012.

También hace mención en su escrito a Alida Mas Taberner, que era subsecretaria de la Consellería de Educación de la Generalitat durante la etapa de Francisco Camps en la Presidencia de esa comunidad autónoma, y a María Dolores Cancio Álvarez, que ha publicado varias publicaciones junto al catedrático.

También recalca que no dispone de los trabajos de “ningún otro” alumno del Máster de Derecho Público del Estado Autonómico ni del curso 2008-2009 ni de ningún otro año académico”. “En consecuencia, lamentablemente no puede cumplir el requerimiento de aportación documental que se le ha realizado”, apostilla en su comunicación dirigida a la juez Carmen Rodríguez-Medel.

Además, expone que “no tiene deber” de conservar ninguno de estos trabajos en “cumplimiento de la propia normativa interna de la URJC”, ya que “existe obligación de proceder a su destrucción en el plazo máximo de 2 años”.

Con ello responde a la providencia de la propia magistrada del juzgado que investiga el caso máster que, en el marco de la pieza separada sobre los estudios de Casado, requirió a este profesor y a la docente Alicia López de los Mozos que aportaran los trabajos del presiente del PP por los que fue evaluado de 20 créditos en el máster que cursó.

Lo hacía a raíz del escrito remitido por la representación procesal de la URJC en la que se informa que “no les consta ningún documento consistente en los trabajos de señor Casado para ser evaluado” de estos créditos, “ni rastro documental que evidencie su aportación” en dicho curso.

“NO HAY OBLIGACIÓN DE CONSERVAR LAS PRUEBAS DE LOS ALUMNOS”

Álvarez Conde especifica que el reglamento por el que se regula la revisión y la reclamación de la evaluación continua en los estudios de máster de la URJC, aprobado por el Consejo de Gobierno de 8 de abril de 2011, recoge en su disposición adicional primera que “las pruebas realizadas por los alumnos deberán ser conservadas hasta la finalización del curso siguiente, es decir, dos años, salvo que sean objeto de reclamación, cosa que no sucede en este caso, en cuyo supuesto deberán ser conservadas hasta que haya resolución firme”, en referencia a la autoridad administrativa, no judicial.

“En conclusión, no había ni hay obligación de conservar las pruebas de los alumnos, tal y como ha reconocido expresamente en esta causa la Secretaria General de la URJC, la cual cuando era Secretaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales proporcionaba los medios necesarios para destruir dichas pruebas”, argumenta el catedrático.

El escrito de Álvarez Conde adjunta copias de los documentos sobre los reglamentos y normas para que la magistrada compruebe la base jurídica de lo afirmado en lo referente a la no conservación de estos trabajos del polémico máster.

Ayer, la URJC reiteró que no tiene obligación de custodiar los trabajos de evaluación de los alumnos, en referencia a conservar los trabajos del actual presidente de los populares, Pablo Casado.

En un comunicado, la universidad reiteraba que las instituciones universitarias “solo tienen obligación de archivar y custodiar la documentación referente a los diferentes servicios de la universidad, documentos que emanen de órganos colegiados o que obren en expedientes administrativos, pero en ningún caso los relativos a los trabajos que hayan servido para evaluar a los alumnos”.

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