La portavoz del PDeCAT Maria Senserrich

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye la causa de la presunta financiación irregular de Convergència, ha imputado a CDC y PDeCAT como personas jurídicas por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales por una actividad delictiva que se sostuvo durante 11 años.

En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 explica que en esta causa se investiga a altos cargos de CDC que pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido, en forma encubierta mediante ‘donaciones’ a fundaciones ligadas a dicha formación, CatDem y Forum Barcelona, en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos, con la finalidad de “dirigir” los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con ‘donaciones’ al partido.

Los pagos, indica De la Mata, se obtenían por las fundaciones y, por ende, por CDC, en ocasiones como contraprestación por la adjudicación de contratos de obra pública o de servicios, con “vulneración de los principios de legalidad, igualdad y transparencia y en otras simplemente para conseguir mejorar las expectativas de ser beneficiarios de tales contratos”.

DONACIONES IRREGULARES POR MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS

Según el auto, el monto total de licitaciones comprometidas asciende por el momento a 218.759.664 euros; el importe de las adjudicaciones definitivas asciende a 168.706.262 euros, a los que hay que añadir los modificados de proyectos (1.777.626 euros) y las prórrogas (4.539.755 euros), es decir, aproximadamente 175 millones de euros. En cuanto a las donaciones irregulares ligadas a estas adjudicaciones, ascienden a más de un millón.

El magistrado ha dictado este auto después de que pasaran por la Audiencia Nacional alrededor de una veintena de imputados en el caso del 3 por ciento. Los interrogatorios se concretaron una vez que el juez asumió esta instrucción, que provenía del Juzgado de El Vendrell (Tarragona) y, tras escuchar a todos, De la Mata ha decidido ampliar la investigación a Convergència como persona jurídica y su sucesor, el PDeCAT.

El auto del juez argumenta que CDC no disponía de un sistema o incluso un mero protocolo de control interno que garantizara la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que se derivaran derechos y obligaciones de contenido económico que pudiera ser sometido a verificación e informe. Así se refleja, añade, incluso en los propios informes de auditoría interna del partido, circunstancia que en los informes del Tribunal de Cuentas aparece como incumplimiento.

Señala el instructor que tanto los órganos como el personal con responsabilidad directiva en CDC conocían las irregularidades advertidas en relación con la operativa de financiación que se investiga en esta causa y, por tanto, concluye que esta formación política “carecía de normativa de control interna, y conocía, al menos a través de los informes emitidos por el Tribunal de Cuentas, las irregularidades que pudieran derivarse de los pagos a través de los cuales sus fundaciones vinculadas, derivan a favor del partido buena parte de las aportaciones económicas que reciben en concepto de donación”.

OPERATIVA SOSTENIDA EN EL TIEMPO

La operativa investigada, según De la Mata, ha estado sostenida en el tiempo sistemáticamente y permanece inalterable, con independencia de los relevos que se puedan producir en las personas integrantes de dichas estructuras. Como prueba de ello, subraya que los cambios en la estructura del partido no supusieron en ningún caso un cese en la comisión de los hechos investigados, suponiendo únicamente una modificación en la identidad de las personas partícipes en los mismos.

Con lo investigado hasta ahora, el magistrado sostiene que pese a ser conocedores de esta operativa de financiación ilícita, en la que se utilizaba a las fundaciones como “sociedades interpuestas”, los órganos y cargos con responsabilidad en el partido no habrían emprendido ninguna iniciativa para impedir una actividad delictiva que se mantuvo, al menos, durante 11 años.

En su resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 destaca cómo en julio de 2016 desde CDC se tomó la decisión de cesar en su actividad e impulsar la fundación de un nuevo partido, el PDeCat, pero sólo fue una “mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente”.

“La conclusión alcanzada –dice el juez– es que la supuesta disolución como actor político de CDC y la creación del PDeCAT como nuevo partido político pudiera definirse como meramente aparente, al conservarse en el nuevo partido una identidad sustancial con la estructura, funcionamiento y recursos humanos y materiales con los que contaba el anterior partido y que, en muchos casos, son titularidad de CDC”.

Estos indicios, añade, parecen “corresponderse con el hecho de que, a los limitados efectos que ahora interesan, la creación del PDeCAT se podría identificar con una mera transformación o incluso con un simple cambio de apariencia, del partido que impulsa su creación, CDC, para eludir las responsabilidades penales en que hubiera podido incurrir”.

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