La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha explicado este lunes que su Conselleria de Presidencia ya ha empezado a tramitar la solicitud de Carles Puigdemont para acceder a las prerrogativas como expresidente: “Ya se está poniendo en marcha todo con normalidad”.

Lo ha dicho en rueda de prensa tras las reuniones que el presidente del Govern, Quim Torra, ha mantenido este lunes en el Palau de la Generalitat con el presidente de Cecot, Antoni Abad, y el de FemCat, Pau Relat, para abordar los principales retos de la legislatura.

Artadi ha precisado que las primeras prerrogativas que se pondrán en marcha son las relativas a la seguridad para escoltar al expresidente –a través de los Mossos–: “Es la prioridad ahora mismo”, y ha asegurado que no debe ser problema que Puigdemont resida actualmente en el extranjero.

La consellera ha expuesto que, cuando se aplicó el artículo 155 y el Estado cesó a todo el Govern, Puigdemont se quedó sin seguridad a su servicio, “un hecho que no debería haberse producido debido a la importancia de su relieve político”.

Es por esto que el Govern ahora busca subsanar lo que considera un grave error, y de todas las prerrogativas que tiene un expresidente por ley, dará “celeridad” en primer lugar a las que tienen que ver con la seguridad.

PETICIÓN

El Govern reacciona así después de que este lunes haya trascendido que Puigdemont ha pedido formalmente a la Generalitat acogerse a la ley catalana del estatuto de los expresidentes, que marca los derechos que tienen al dejar el cargo quienes han sido presidentes de la Generalitat.

Entre estos derechos, figura la apertura de una oficina con personal de apoyo, pero Artadi ha explicado que aún no está decidido donde estará ubicada, debido a la situación actual del expresidente –está en Alemania a la espera de saber si la justicia lo extradita o no a España–.

Puigdemont reside en el extranjero desde finales de octubre –primero en Bélgica y luego en Alemania–, donde se fue para no tener que comparecer ante el juez del Tribunal Supremo que investiga el proceso soberanista y que ha dictado cárcel preventiva para varios miembros del Govern cesado.

Artadi ha defendido que esta situación del expresidente no tiene que ser ningún obstáculo para que acceda a las prerrogativas, y ha recordado que la ley, aprobada en 2003 tras el mandato de Jordi Pujol, es “muy clara” y no hace distinciones entre si la persona reside dentro o fuera de Cataluña.

REFORMA FRACASDA

Ha mencionado que hace algunas semanas el PP promovió en el Parlament una reforma de la norma para evitar que Puigdemont pudiera acogerse a ella, y ha recordado que la Cámara la rechazó y que “no tuvo apoyos prácticamente”.

“Cumpliremos la ley tal como toca”, ha concluido Artadi, una ley que también concede un sueldo a los expresidentes, pero al que Puigdemont ha renunciado porque ya tiene ingresos como actual diputado del Parlament por el grupo de JxCat.

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