Foto: Reuters

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha ratificado que la guerra contra las drogas que comenzó a su llegada al cargo, hace dos años, seguirá “tan implacable y escalofriante como el primer día”, en el marco del Discurso sobre el Estado de la Nación que ha pronunciado este lunes.

“La guerra contra las drogas ilegales no quedará a un lado, sino que será tan implacable y escalofriante como el primer día”, ha dicho el mandatario asiático, según informa la cadena filipina ABS-CBN.

La ofensiva gubernamental contra narcotraficantes y consumidores se ha saldado con más de 4.000 muertos, según cifras oficiales. Organizaciones de defensa de los Derechos Humanos sostienen que las víctimas mortales son tres veces más y aseguran que incluyen ejecuciones extrajudiciales.

Duterte ha subrayado que nada de lo que puedan decir los activistas le disuadirá. “Vuestra preocupación son los Derechos Humanos, la mía son las vidas humanas”, ha declarado arrancando un fuerte aplauso. “Para mí”, ha continuado, “los Derechos Humanos implican dar a los filipinos un futuro digno”.

A este respecto, el jefe de Estado ha afirmado que principal preocupación “no es solo el presente, sino también el futuro”, que augura que estará lleno de “fosas sépticas humanas” si permite que la criminalidad se extienda por la nación archipielágica.

RELACIONES CON CHINA

Por otro lado, ha afirmado que, a pesar de las buenas relaciones que cultiva con China, la potencia regional, no descuidará los intereses de Filipnas en el Mar de China Meridional, cuyas aguas, ricas en recursos naturales, reclaman varios países.

“Nuestras mejoradas relaciones con China no significan que vayamos a titubear en la defensa de nuestros intereses en el Mar de Filipinas Occidental”, ha asegurado, utilizando el nombre filipino para estas aguas.

El anterior Gobierno de Benigno Aquino III llevó al gigante asiático ante el Tribunal Permanente de Arbitraje (TPA) para frenar su expansión territorial en el Mar de China Meridional a través de la construcción de las islas Spratly, un archipiélago artificial que las autoridades de Pekín han usado con fines militares.

El TPA dio la razón a Filipinas al negar cualquier “derecho histórico” de China sobre las aguas donde ha erigido las Spratly, allanando así el camino para que otros países molestos con la ambición de Pekín llevaran el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El Gobierno de Xi Jinping respondió indicando que no reconoce la jurisdicción del TPA.

Duterte ha contribuido a mantener el ‘statu quo’ en dichas aguas al optar por no ejecutar en modo alguno el laudo arbitral. Desde entonces, las relaciones bilaterales han mejorado, situando a Manila bajo el manto protector de Pekín, algo que ha enfurecido al resto de vecinos del sureste asiático.

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