La Delegación del Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha desistido de los recursos presentados durante el mandato de Maria Salom (PP) contra los acuerdos de los Ayuntamientos de Capdepera y Pollença de ayudas a la rotulación en catalán.

Así lo ha anunciado la delegada del Gobierno, Rosario Sánchez, en declaraciones a los medios en las que ha manifestado su intención de respetar la Ley de Normalización Lingüística y el “consenso lingüístico que hay desde 1985”.

En esta línea, Sánchez ha señalado que quieren evitar cualquier “injerencia en la autonomía de los municipios”. Además, ha recordado que en su discurso al tomar posesión del cargo se comprometió a “acabar con la “judicialización interesada” de la Delegación del Gobierno.

Según ha explicado la Delegación en una nota de prensa, esta decisión se ha adoptado de acuerdo a los informes previos favorables solicitados a los ministerios de Política Territorial y Función Pública, y de Justicia. Con esta acción, la Abogacía del Estado da por terminados los procedimientos ordinarios.

Según la delegada, “son ayudas que conceden los municipios desde hace años sin reparo alguno” y “no penalizan el uso del castellano en el ámbito público, ni mucho menos, lo eliminan”. Rosario Sánchez ya ha comunicado esta decisión a los alcaldes de Pollença y Capdepera.

Preguntada por si también desistirán del recurso contra el pago del complemento de carrera profesional, Sánchez ha explicado que están trabajando en dicho expediente “con la intención de adoptar las medidas más favorables para los ciudadanos de Baleares”.

Según la delegada, la intención de la Delegación es “hacer lo que sea justo” y “ser útil para todas las administraciones”, “abierta y dialogante” y “siempre dentro del marco de la ley”.

Por otro lado, Rosario Sánchez ha reiterado el “compromiso” del Gobierno de España de dar la “máxima celeridad posible” al descuento del 75 por ciento de residente para el transporte con la Península.

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